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El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, urgió a la Subcomisión de Examen Previo a revisar la procedencia de las 319 demandas de juicio político pendientes de resolver contra funcionarios de los tres órdenes de gobierno. "Estamos obligados a hacer que este tipo de procedimientos sean más expeditos, generen certeza y objetividad, y demostrar que esta Cámara de Diputados no solapa ni es casa de la impunidad", puntualizó. Zambrano recordó que la Subcomisión de Examen Previo, copresidida por los legisladores priistas Mercedes Guillén y Álvaro Ibarra, no ha sido convocada ni una sola vez en dos meses para analizar los expedientes de juicio político. "Existen más de 300 denuncias de juicio político que se han presentado desde hace de 15 años a la fecha ante la Cámara de Diputados, pero no las han querido desahogar por razones de carácter político", acusó. Más aún, el diputado federal del PRD responsabilizó a la mayoría parlamentaria del PRI y sus aliados de frenar el desahogo de los procedimientos contra funcionarios públicos señalados como probables responsables de violaciones graves a leyes e incluso constituciones. "Lo que queremos es que inicien el trabajo para que digan si proceden o no; que den sus razones, no simplemente lo dejen en la eterna congeladora legislativa", arengó. Zambrano recordó asimismo que el Congreso de la Unión mantiene pendientes de resolver las iniciativas vinculadas a la desaparición del fuero constitucional de los representantes populares y altos funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República. En ese contexto, el legislador reiteró su llamado al presidente Enrique Peña Nieto para vetar o hacerle observaciones al Sistema Nacional Anticorrupción en lo correspondiente a la llamada Ley 3de3. Si el Ejecutivo Federal, de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución, no devuelve la Ley General de Responsabilidades Administrativas o Ley 3de3 con observaciones dentro del término de 30 días a la cámara de origen, se entenderá que está conforme con su contenido y, transcurridos los 30 días, dispondrá de 10 días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto en el Diario Oficial de la Federación. Zambrano refrendó en ese sentido su convocatoria a hacer a un lado las simulaciones y no dar la espalda a la exigencia principal de las y los mexicanos para combatir a fondo la corrupción. /jpc/m |
