El coordinador de los diputados priistas, César Camacho Quiroz, afirmó que la decisión de la Suprema Corte con relación a no avalar leyes anticorrupción aprobadas por congresos locales, es un asunto estrictamente jurídico y no político.

“Son asuntos estrictamente jurídicos, no son asuntos políticos, en lo que el PRI está totalmente ajeno. Son decisiones que tienen consecuencias, las consecuencias ya están ahí”, expuso el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Por lo pronto la Corte les enmendó la plana y si lo que quieren es volver a la carga tomando una nueva decisión, lo tendrán que hacer tomando en cuenta los considerandos que contiene la resolución de la SCJN”, añadió.

Ayer lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales e invalidó los decretos con los cuales fueron reformados y adicionados diversos ordenamientos de Chihuahua y Veracruz, con los que pretendían configurar sus sistemas anticorrupción.

Por ello los Congresos de Chihuahua y Veracruz deberán ajustar sus respectivos marcos regulatorios, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, a efecto de que los sistemas locales anticorrupción cumplan con los estándares constitucionales.

Con esta resolución, comprendidas en las causas 58/2016 y 56/2016, las normas impugnadas por el Ejecutivo Federal mediante la Procuraduría General de la República (PGR) quedarán sin efecto.

En este sentido, el diputado priista dijo que “esto lo que demuestra es que funciona el principio de frenos y contrapesos no solo entre Poderes, sino el sistema de frenos y contrapesos entre ámbitos de gobierno”.

“Es decir, las legislaturas locales tienen un cúmulo de facultades pero tienen una limitación; ninguna decisión, ni una ley, ni un decreto, ni un acuerdo puede ser tomado a contrapelo de las disposiciones constitucionales”, subrayó.

A pregunta expresa sobre si se tomarán medidas como la expulsión del PRI de los gobernadores de dichas entidades, quienes han sido señalados por presuntos hechos de corrupción y de haber apoyado estas leyes a modo para protegerse de las acciones anticorrupción, señaló que eso es una decisión de su partido.

“Me parece que esta es una decisión que corresponde al PRI y antes tendrá que haber el inicio del procedimiento cuyo estatus no conozco. Por lo pronto, lo que digo es cada quien asuma las consecuencias de sus acciones y de sus omisiones y que esto no tiene por qué hacerle ningún daño al PRI”, añadió.

Sobre las controversias constitucionales presentadas por el Ejecutivo contra sendas leyes de Veracruz y Chihuahua, Camacho Quiroz indicó que esas decisiones tienen consecuencias, jurídicas y políticas y que la Corte, que en estos casos funge como órgano de control constitucional, tiene la última e inapelable palabra.

“Si los congresos locales desean volver a legislar o decidir en torno a este asunto, saben que tienen una limitación, no pueden exorbitar, no pueden ir en contra de la Constitución que nos obliga a todos por igual”, concluyó. /gh/m