Integrantes de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados acudieron al Palacio de Justicia Federal a interponer un amparo por la inactividad de la Subcomisión legislativa de Examen Previo, la cual debe desahogar los más de 300 juicios políticos pendientes en el recinto parlamentario desde el 2003.El diputado promovente, Rafael Hernández, afirmó que la omisión de los congresistas en cuanto a los juicios políticos, viola el derecho de acceso a la justicia de los denunciantes y de la ciudadanía en general.Subrayó que los presidentes de las comisiones de Gobernación, Mercedes Guillén y de Justicia, Álvaro Hinojosa, ambos integrantes de la bancada del PRI, han sido omisos en citar a reunión de trabajo a la Subcomisión que también se encargan de presidir.Hernández Soriano señaló que a través de actos administrativos, la mayoría priista en San Lázaro está impidiendo que se atiendan las solicitudes de juicio político y con ello, están obstruyendo la ley para que funcionarios y gobernantes no sean sancionados por sus responsabilidades administrativas e incluso penales.Puntualizó que entre los más de 300 expedientes de juicio político congelados en la Cámara, se encuentran los presentados contra el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo, y contra el actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte.El congresista integrante de la Subcomisión de Examen Previo indicó que al acudir al Poder Judicial, el PRD quiere terminar con la “simulación” de la mayoría en el recinto parlamentario, que está obstruyendo el desahogo de los juicios políticos.“Hemos solicitado juicio de amparo por la inactividad de la Subcomisión de Examen Previo que tiene la obligación de ser convocada desde hace un año y desde luego que esa inactividad viola derechos fundamentales de la población y de quienes han suscrito más de 350 solicitudes de juicio político que desde 2003 están en la Cámara de Diputados”, abundó.Por su parte, el vicecoordinador de la fracción perredista, Jesús Zambrano, manifestó que hace unos días, un ciudadano obtuvo respuesta positiva de un juez, que ordenó al Legislativo reactivar los trabajos de la Subcomisión de Examen Previo, y por ello, los líderes parlamentarios se vieron obligados a retomar el tema.Indicó que mientras dicha instancia legislativa se decide a trabajar, lo que se espera ocurra esta misma semana o a más tardar el mes de octubre, los ciudadanos y la izquierda exigen hechos y que los responsables del diseño y aprobación de las leyes dejen de bloquear el trabajo parlamentario.Zambrano Grijalva enfatizó que en cuanto la Subcomisión referida se reúna y comience a destrabar los cientos de asuntos pendientes, “ahí se verá” si el PRI en realidad quiere combatir la corrupción o está simulando y declarando en falso, cuando dice que procederá contra el gobernador de Veracruz, por el cúmulo de irregularidades que ha cometido.El ex presidente de la Cámara recalcó que hay distintas solicitudes de juicio y demandas legales contra el gobernador Duarte de Ochoa, incluyendo los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por desvío de recursos públicos.El legislador también demandó a la Procuraduría General de la República (PGR), que en días pasados confirmó la existencia de investigaciones contra el polémico gobernante, determine de inmediato si hay elementos suficientes para fincarle responsabilidades penales.De ser sí, la PGR estaría obligada a solicitar el juicio de procedencia contra Duarte, como sucedió con la diputada local por Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, presuntamente ligada al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, agregó.En el PRI y el entorno político, apuntó, nadie debe argumentar que al mandatario veracruzano solo le faltan dos meses para terminar su gestión y por ello no hay nada qué hacer. Es un asunto de moral pública, sentenció.Al respecto, el ex diputado federal Fernando Belaunzarán dijo que sin importar que al gobernador Duarte de Ochoa solo le queden dos meses en el cargo, los legisladores están obligados a atender el juicio político que él personalmente interpuso desde agosto del año pasado y exigió al PRI dejar de proteger a su correligionario.Si los juicios políticos están “atorados” en la Cámara, apuntó, es porque los priistas quieren proteger a personajes como Javier Duarte, que si solo es sujeto a la suspensión de sus derechos partidistas, el tricolor habría cumplido el cometido de “lavarse las manos”. “Lo que le pedimos al PRI es independientemente de que le quiten o no sus derechos políticos como priista, que lo dejen de proteger. Porque si está atorado hace más de un año este juicio político, es por la protección de los priistas. Quitarle la membresía es solo lavarse las manos, mejor quítenle la protección, que se haga justicia y ahorrémosle dos terribles y largos meses a los veracruzanos”, planteó Belaunzarán Méndez. ys/m.

Integrantes de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados acudieron al Palacio de Justicia Federal a interponer un amparo por la inactividad de la Subcomisión legislativa de Examen Previo, la cual debe desahogar los más de 300 juicios políticos pendientes en el recinto parlamentario desde el 2003.
El diputado promovente, Rafael Hernández, afirmó que la omisión de los congresistas en cuanto a los juicios políticos, viola el derecho de acceso a la justicia de los denunciantes y de la ciudadanía en general.
Subrayó que los presidentes de las comisiones de Gobernación, Mercedes Guillén y de Justicia, Álvaro Hinojosa, ambos integrantes de la bancada del PRI, han sido omisos en citar a reunión de trabajo a la Subcomisión que también se encargan de presidir.
Hernández Soriano señaló que a través de actos administrativos, la mayoría priista en San Lázaro está impidiendo que se atiendan las solicitudes de juicio político y con ello, están obstruyendo la ley para que funcionarios y gobernantes no sean sancionados por sus responsabilidades administrativas e incluso penales.
Puntualizó que entre los más de 300 expedientes de juicio político congelados en la Cámara, se encuentran los presentados contra el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo, y contra el actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
El congresista integrante de la Subcomisión de Examen Previo indicó que al acudir al Poder Judicial, el PRD quiere terminar con la “simulación” de la mayoría en el recinto parlamentario, que está obstruyendo el desahogo de los juicios políticos.
“Hemos solicitado juicio de amparo por la inactividad de la Subcomisión de Examen Previo que tiene la obligación de ser convocada desde hace un año y desde luego que esa inactividad viola derechos fundamentales de la población y de quienes han suscrito más de 350 solicitudes de juicio político que desde 2003 están en la Cámara de Diputados”, abundó.
Por su parte, el vicecoordinador de la fracción perredista, Jesús Zambrano, manifestó que hace unos días, un ciudadano obtuvo respuesta positiva de un juez, que ordenó al Legislativo reactivar los trabajos de la Subcomisión de Examen Previo, y por ello, los líderes parlamentarios se vieron obligados a retomar el tema.
Indicó que mientras dicha instancia legislativa se decide a trabajar, lo que se espera ocurra esta misma semana o a más tardar el mes de octubre, los ciudadanos y la izquierda exigen hechos y que los responsables del diseño y aprobación de las leyes dejen de bloquear el trabajo parlamentario.
Zambrano Grijalva enfatizó que en cuanto la Subcomisión referida se reúna y comience a destrabar los cientos de asuntos pendientes, “ahí se verá” si el PRI en realidad quiere combatir la corrupción o está simulando y declarando en falso, cuando dice que procederá contra el gobernador de Veracruz, por el cúmulo de irregularidades que ha cometido.
El ex presidente de la Cámara recalcó que hay distintas solicitudes de juicio y demandas legales contra el gobernador Duarte de Ochoa, incluyendo los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por desvío de recursos públicos.
El legislador también demandó a la Procuraduría General de la República (PGR), que en días pasados confirmó la existencia de investigaciones contra el polémico gobernante, determine de inmediato si hay elementos suficientes para fincarle responsabilidades penales.
De ser sí, la PGR estaría obligada a solicitar el juicio de procedencia contra Duarte, como sucedió con la diputada local por Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, presuntamente ligada al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, agregó.
En el PRI y el entorno político, apuntó, nadie debe argumentar que al mandatario veracruzano solo le faltan dos meses para terminar su gestión y por ello no hay nada qué hacer. Es un asunto de moral pública, sentenció.
Al respecto, el ex diputado federal Fernando Belaunzarán dijo que sin importar que al gobernador Duarte de Ochoa solo le queden dos meses en el cargo, los legisladores están obligados a atender el juicio político que él personalmente interpuso desde agosto del año pasado y exigió al PRI dejar de proteger a su correligionario.
Si los juicios políticos están “atorados” en la Cámara, apuntó, es porque los priistas quieren proteger a personajes como Javier Duarte, que si solo es sujeto a la suspensión de sus derechos partidistas, el tricolor habría cumplido el cometido de “lavarse las manos”. “Lo que le pedimos al PRI es independientemente de que le quiten o no sus derechos políticos como priista, que lo dejen de proteger. Porque si está atorado hace más de un año este juicio político, es por la protección de los priistas. Quitarle la membresía es solo lavarse las manos, mejor quítenle la protección, que se haga justicia y ahorrémosle dos terribles y largos meses a los veracruzanos”, planteó Belaunzarán Méndez. ys/m.