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Diputados de la Comisión de Seguridad Pública aprobaron reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para establecer que en los controles de confianza los elementos policíacos pueden realizar una segunda evaluación. En un comunicado, el presidente de esta comisión, Jorge Ramos Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN), expuso que el objetivo de esta segunda oportunidad es para que los elementos policiacos que por algún motivo no acreditan este control la primera vez, puedan permanecer en su puesto. El dictamen propone modificar los artículos 73, 88 y 108, en lo que se puntualiza que para dar una segunda oportunidad, los elementos no tendrán antecedentes de indisciplina o sanciones que repercutan o pongan en peligro el desempeño de sus funciones policiales. De acuerdo al documento, al existir la opción de una segunda evaluación, se fortalece el propósito que tienen estas pruebas de ser un medio de confiabilidad y eficiencia en los elementos que pertenecen a las corporaciones de seguridad pública. Asimismo, la prueba “no debe ser un mecanismo de separación de buenos elementos que, en sus casos, han acreditado otros exámenes, tienen antecedentes impecables, y muchos de ellos con una experiencia probada en su ejercicio”. Sin embargo, señaló que el texto indica que “si un policía realizó conductas que ameritaron su suspensión o remoción, no pueden ser beneficiados por esta segunda oportunidad”. Explicó en la argumentación del dictamen que desde 2010 los exámenes de control de confianza se usan como filtros para la contratación, permanencia o baja de agentes en corporaciones de seguridad pública, así como de diversos funcionarios de gobiernos federal, estatal o municipal. Finalmente, en la reunión de trabajo ordinaria de esta comisión se aprobó otro dictamen que reforma el Artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para integrar en su catálogo de indicadores la “historia de violencia de género”. Lo anterior con la finalidad de ser una referencia a destacar, lo que ayudaría a reforzar su seguimiento, y que se considera fundamental su inclusión debido a que este lamentable fenómeno es cada vez más frecuente en niñas y mujeres mexicanas. En este dictamen, precisó “no existe una cifra de cuántas mexicanas desaparecidas tuvieron una historia de violencia de género previa al suceso”. Ello, abundó, porque “dicha modificación abonaría en la identificación de cuáles son las causas adyacentes a la desaparición de niñas y mujeres en todo el territorio nacional”. /gh/m |
