El Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales, aseveró que el país no está militarizado, con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, aunado a que la ciudadanía ha solicitado su presencia en las calles del país

“Normar en la idea de que no pretendemos militarizar, los mismos militares y marinos dicen recurrentemente: nosotros no queremos hacer las veces de policía ni somos policías. Y lo decía ayer el secretario de Marina, el domingo perdón, mientras el pueblo de México nos pida que ayudemos en esta materia, aquí vamos a estar. Yo creo que estamos concurrentemente, estamos actuando conjuntamente, no se está militarizando porque el mando es el civil”, aclaró.

Al reunirse con la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el funcionario urgió a regular las tareas de los elementos militares en cuestiones de seguridad, a través de una Ley General.

“Hemos reconocido errores y problemas y hemos destacado nuestra formación en materia de derechos humanos y uso de la fuerza, en la inteligencia de que requerimos y hago un primer planteamiento, una Ley General de Uso de la Fuerza que norme concurrentemente a los tres órdenes de gobierno en esta materia”, dijo.

“Darle a la fuerza un contexto legal suficientemente validado, al monopolio de la fuerza que ejerce el Estado, la posibilidad de vincularse en los tres órdenes a partir de una ley nacional”, refrendó.

Agregó que es preciso romper el “círculo perverso” de desconfianza hacia el policía y mejorar sustancialmente sus condiciones de trabajo, porque la amenaza de destitución si no pasan los exámenes de permanencia y si tienen obesidad, los coloca permanentemente bajo la “espada de Damocles”.

En ese sentido, catalogó como inconstitucional el artículo 123, apartado B, fracción C de la Carta Magna, pues permite la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de un policía y agente del Ministerio Público, que si resultan acusados de algún delito y se encuentra que fueron injustamente cesados, no tienen posibilidad de ser reinstalados en el puesto.

Manifestó que si hay policías o agentes del Ministerio Público presuntamente vinculados con la delincuencia organizada, no pueden ser simplemente cesados y enviados a la calle, sino que deben ser investigados y puestos a disposición de un juez.

También reconoció que se está presentando el fenómeno del cese de elementos policíacos con más de 20 años de servicio, porque tienen sobrepeso y sufren de obesidad. Esas expulsiones son injustas y lo que se debería hacer, recomendó, es darles atención en materia de salud.

Cuestionado respecto al repunte de actos violentos en distintos puntos del país en las últimas semanas, el funcionario dijo que se trabaja de manera coordinada para atender ese tipo de sucesos a los que calificó como “graves” y afirmó que los índices delictivos se han reducido, pero persiste una percepción de inseguridad que no necesariamente coincide con la realidad.

Indicó que entre 2013 y 2015, el índice de secuestros logró reducirse en un 35 por ciento, y aunque sigue habiendo “muchos secuestros”, las acciones para frenar ese fenómeno han sido correctas.

En cuanto al impacto de recorte en materia de seguridad, Sales Heredia indicó que esas medidas de austeridad afectarán a todos los órdenes y áreas de gobierno, por lo que se debe vincular los presupuestos asignados a las tareas de seguridad, con los de otras dependencias.

Calificó como muy lamentable que al aprobar el presupuesto del 2017 se hayan reducido en 67 por ciento los recursos destinados a la Plataforma México, aunque ello, apuntó, no generará una crisis de inseguridad en el territorio nacional.

Asimismo, el comisionado rechazó que el Gobierno Federal pretenda promover la desaparición de las policías municipales, en el marco de la discusión del mando mixto en materia de seguridad.

Lo que se busca, aseveró, es fortalecerlas y redefinirlas, a fin de impedir que sigan infiltradas por la corrupción, se profesionalicen y se enfoquen en acciones de “proximidad”, para que actúen a tiempo y del modo correcto frente a la comisión de delitos menores.

Señaló que los problemas de seguridad y oleadas de violencia como la que aqueja al estado de Guerrero se atienden de manera coordinada con los estados, para resolver los problemas que presentan las distintas regiones del país, y aunque la autoridad no puede darse por “satisfecha”, indicó que se han logrado avances en la reducción del delito.

Reconoció que algunos delitos han registrado un repunte en 2016 y se atienden sin “disimulos ni ambages”; aunado a que a principios del 2017 habrá datos que permitan evaluar de manera integral lo sucedido durante este año y dejar en claro que el aumento en algunos delitos es “contextualizado”, es decir, que han repuntado en algunos estados.

Como ejemplo de las acciones implementadas, expuso que se determinó focalizar acciones en los 50 municipios del país con mayor número de homicidios dolosos, para detener a quienes están generando violencia, a través de la actuación de corporaciones en los tres niveles de gobierno sin sustituir a fuerzas de seguridad locales.

Admitió que uno de los pendientes más relevantes es el de la capacitación y fortalecimiento de las policías locales, a fin de impedir que sigan infiltradas por la corrupción.

Esto, puntualizó, de ningún modo implica la desaparición de dichas corporaciones, sino su redefinición y vinculación con “acciones de proximidad”.

Apuntó que las “incivilidades”, es decir, las faltas del orden administrativo y civil se tienen que procesar del modo adecuado, con el fin de evitar que esas “oportunidades delictivas” escalen a otro nivel. Es por ello, remarcó, que se necesita precisar el tema de la vinculación de los delitos civiles con el orden penal.

Asimismo, se pronunció a favor de adecuar la figura de la “prisión oficiosa preventiva”, para que personas que portan armas de grueso calibre y uso exclusivo de las fuerzas armadas salgan libres.

Sobre el tema de las armas de fuego, lamentó que el nuevo sistema de justicia esté generando “efectos perversos”, en tanto que las personas en la “detención oficiosa” por portar armas de alto calibre y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, están siendo liberadas.

En ese tenor, pidió redimensionar la relación con Estados Unidos sobre proliferación de puntos de venta en la frontera, puesto que en esa franja existen al menos 300 establecimientos donde los ciudadanos pueden adquirir un arma, mostrando “la credencial de Mickey Mouse”, es decir, sin cumplir mayores requisitos. Duración 0’00’’, nbsg/m.