El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, instó al gobierno de México a construir una nueva relación bilateral con Estados Unidos sobre la base de exigir respeto a los derechos humanos, la soberanía nacional, las instituciones y las leyes mexicanas.

Además, dijo que México debe abrirse más al mundo y buscar nuevos mercados y aliados.

Cortés subrayó que, en materia de seguridad, debe prevalecer el enfoque de facilitar el tránsito legítimo de personas, dinero y mercancías, así como combatir la delincuencia organizada internacional con responsabilidades mutuas y respeto a las jurisdicciones de cada país.

Recordó que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, señaló en su visita a México que la frontera segura es un derecho soberano y mutuamente beneficioso.

El legislador panista remarcó por ello la importancia de retomar el acuerdo de la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de 2013 en materia de prevención, planeación y coordinación para hacer frente a los retos de seguridad en la agenda común.

"Como mexicanos, funcionarios del gobierno federal y legisladores tenemos que contribuir a la labor de protección consular enfocada en el respeto a los derechos humanos de los migrantes, con especial atención a grupos vulnerables y a garantizar los derechos para sus connacionales en Estados Unidos", puntualizó.

Llamó asimismo al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a construir una diplomacia pública muy articulada para convencer a los estadunidenses de que su bienestar y seguridad dependen de un México próspero y seguro, mientras que una mala relación se traducirá en pérdidas también para ellos.

El líder parlamentario de Acción Nacional insistió en la importancia de México para Estados Unidos, pues allá viven 33.7 millones de personas de origen mexicano, cuya contribución al Producto Interno se estima en ocho por ciento y de cada 25 empresas en esa nación, al menos una está encabezada por un compatriota nuestro.

Cortés se refirió también a la amenaza de Trump de bloquear con la llamada Ley Patriota los envíos de dinero de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos.

Según dicha propuesta, las agencias de transferencias de efectivo exigirían a los emisores de las remesas una comprobación de su estatus migratorio legal para enviar dinero a México, aun cuando el propio presidente Barack Obama reconoció que ello agudizaría las causas de la migración no autorizada hacia su país.

Más aún, advirtió Cortés, al incrementar las medidas de control e imponer requisitos de información personal, los remitentes serían orillados a buscar métodos informales no regulados, facilitando así operaciones de lavado de dinero. /psg/m.