Las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, exigieron al gobierno federal extraditar con carácter de urgente y enjuiciar al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, así como capturar a los ex gobernadores “fugitivos” de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.

Los diputados panistas, a través de su portavoz Jorge López, pidieron, demandaron que el Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicite la extradición inmediata del ex gobernador Yarrington Ruvalcaba, detenido en Florencia, Italia, buscado por tener nexos con la delincuencia organizada.

López Martín lamentó que el ex priista haya contado y siga contando con la protección y complacencia de autoridades mexicanas para mantenerse en la impunidad, ya que nuevamente fueron gobiernos e instituciones extranjeras las que lograron capturarlo.

El llamado “es para que se cumpla con la obligación de ejercer la acción de la justicia para toda aquella persona que le haya hecho daño a la sociedad mexicana. Y por supuesto que el caso del ex gobernador Yarrington es un caso penosamente emblemático para la opacidad y para la impunidad en el país. Por eso a nosotros nos parece que se debe actuar con prontitud”, apuntó el legislador.

“Es la policía de otros países quien le hace la chamba a la PGR, los fugitivos más buscados de nuestro país gozan de la humilde complacencia de las autoridades responsables. Estos fugitivos son el ex gobernador Roberto Borge, César Duarte y quien hoy cumple 180 días de evadir la acción de la justicia y es el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte”, recriminó.

Señaló que en los términos del tratado de extradición México-Italia, se contempla la repatriación y el reenvío inmediatos de objetos o bienes productos de delitos cometidos por personas de esas nacionalidades, a fin de procurar la acción de la justicia.

Manifestó que es preciso esclarecer quién favoreció la estancia de Tomás Yarrington en Italia y ante las dudas que el caso ha generado, los panistas pedirán que el embajador de México en esa nación, Juan José Guerra Abud, integrante del Partido Verde (PVEM), sea llamado a comparecer ante los legisladores, para que explique si protegió o no al ex priista.

“Vamos a solicitar la comparecencia del embajador en Italia, Juan José Guerra Abud, para que pueda informar a la sociedad cuáles fueron los documentos con los que ingresó Tomás Yarrington a Italia, cuáles fueron los documentos con los que acreditaba su estancia ilegal en aquel país, y cuál es la información que él como el representante de nuestro país pueda obtener”, apuntó, al aclarar que dicha diligencia tendría que desarrollarse en el Senado de la República.

Asimismo, consideró que en primera instancia, Yarrington Ruvalcaba debería ser enjuiciado en Estados Unidos, porque se teme que debido a su complicidad con priistas y con integrantes del Gobierno Federal, se le concedan más espacios de impunidad.

En tanto, la secretaria de la Mesa Directiva e integrante de la bancada del Sol Azteca, Isaura Pool, lamentó que el caso Yarrington muestre de nueva cuenta ante la comunidad internacional, que funcionarios y ex funcionarios mexicanos ligados al partido en el gobierno han incurrido en graves actos de corrupción y siguen libres.

Pool Pech señaló que el ex gobernante detenido en Italia es buscado por la justicia internacional desde el 2012, y sobre él pesan cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Sin embargo, hasta octubre del año pasado seguía contando con escoltas pagados por el gobierno de Tamaulipas y no fue hasta finales del 2016 que fue expulsado del PRI, dijo.

Esos elementos, apuntó la congresista, hacen poco creíble el supuesto interés del PRI en abatir la corrupción y la impunidad. Por el contrario, ese caso y los de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, dejan ver que las redes de complicidad entre los gobiernos Federal y estatales y sus ex funcionarios, están en pie.

Coincidió con el vocero de los diputados panistas, respecto a que resulta vergonzoso que una vez más autoridades de otros países detengan y revelen las corruptelas cometidas por políticos mexicanos, mientras las autoridades locales actúan como cómplices.

“Para frenar la corrupción es urgente que se apliquen los criterios de transparencia y rendición de cuentas, que se haga justicia, que cualquier funcionario corrupto sea arrestado y destituido del servicio público. Los tres niveles de gobierno deben comprometerse en el combate a la corrupción y dejarse de simulaciones”, demandó. ar/m