El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, demandó convocar a un periodo extraordinario de sesiones para avalar la minuta enviada por el Senado de la República en materia de Desaparición Forzada.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática, señaló que aunado a ello, los diputados deben convocar a una amplia consulta sobre el tema, a fin de que los familiares de las víctimas, sobrevivientes, organizaciones defensoras de derechos humanos y académicos externen su opinión.

Ojeda Anguiano advirtió que la normatividad no debe ir a la congeladora, aunque se teme que ello pueda suceder, ya que la Comisión de Justicia no citó a dictaminar el tema, pese a que los diputados aún tenían tiempo para hacerlo en los últimos dos días del periodo ordinario.

Aseveró que la normatividad aprobada en el Senado de la República generó gran consenso, pero será necesario revisarla a fondo, para constatar que no requiere ajustes o bien, corroborar si no se sustenta en cifras maquilladas o da paso a la impunidad de funcionarios coludidos con quienes cometen ese crimen.

El congresista señaló que es de reconocer la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, pero lamentó que los senadores la hayan avalado de último minuto.

Sin embargo, aún es tiempo de darle luz verde y ello puede suceder en un periodo extraordinario de sesiones.

Aseveró que se deberá someter a evaluación jurídica el término de “persona no localizada” que los colegisladores integraron a la normatividad, pues a consideración de organizaciones no gubernamentales y expertos, es poco preciso y podría generar que la ley resulte inoperante.

De igual modo, habrá que aclarar todos los mecanismos que utilizará el Gobierno Federal para dar asistencia a los familiares de las víctimas, y para emprender la búsqueda de personas desaparecidas.

También se tendrá que especificar debidamente los protocolos para hacer un manejo adecuado de restos humanos localizados en fosas clandestinas y otros sitios, así como de las pruebas, evidencias y elementos que aporten los familiares, que lamentablemente, se han visto obligados a realizar sus propias investigaciones, ante la negligencia y la falta de atención de las autoridades correspondientes.

En tanto, las diputadas perredistas Hortensia Aragón y Maricela Contreras propusieron ante la Comisión Permanente del Congreso, llamar a la Secretaría de

Salud federal y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), a fin de que ejerza por completo los recursos que se le asignaron para este 2017, con el fin específico de atender los Refugios y Centros de Atención Externa de Refugios para mujeres víctimas de violencia.

Indicaron que de acuerdo a la revisión del gasto en 2014, la dependencia devolvió a la Federación 100 millones de los 350 millones que se le asignaron, con el pretexto de que no se pudieron ejercer adecuadamente.

Sin embargo, dijeron las congresistas, hay evidencia de que los refugios presentaron proyectos debidamente diseñados para acceder al dinero, pero éste nunca se les otorgó. /psg/m.