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La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar “en tiempo real” los fideicomisos y privados a través de los que se pagará dicha obra. El presidente de esa instancia legislativa, Rafael Hernández, indicó que se entregó al órgano fiscalizador la petición para que audite al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Lo anterior, debido a que no hay transparencia en el uso de los recursos públicos asignados a ese proyecto ni sobre la situación financiera del mismo. El integrante de la bancada del PRD señaló que la tarde de este jueves, se llevó a cabo una reunión con integrantes de la Auditoría Superior, incluyendo su titular, el contador Juan Manuel Portal, con el fin de pedirles sigan de cerca la pista a la construcción de la nueva terminal. Hernández Soriano indicó que en particular, se solicitó fiscalizar la administración y ejercicio de los recursos públicos destinados a los fideicomisos asociados a la nueva terminal. Es necesario conocer sobre los ingresos, la Tarifa de Uso de Aeropuerto y el Derecho de Trámite Aduanero, así como la línea de crédito adquirida y los “bonos verdes” que involucra la obra, planteó. Refirió que a los congresistas también les interesa la revisión del título de concesión otorgado al Grupo Aeroportuario, cuya vigencia es de 50 años y podría extenderse por otras cinco décadas. Insistió en que hasta el momento, el manejo de los recursos públicos inyectados en la obra es opaco. Lamentó que el compromiso firmado por el concesionario con la organización Transparencia Mexicana, con el propósito de abrir la información del NAICM no se ha cumplido y por ello es necesario pedir que la ASF tome cartas en el asunto, esto, ante la dificultad para conocer a fondo el estado financiero de la obra. El legislador de izquierda subrayó que la Comisión a su cargo tiene como fin vigilar que las obras en cuestión se lleven a cabo de manera clara, sin opacidad y que no se conviertan en “la caja negra” de los concesionarios. ys/m. |
