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Las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados preparan, para este miércoles, la lista final sobre los aspirantes a titulares de los órganos internos de control de tres organismos autónomos. Los legisladores concluyen este martes las entrevistas con los 56 aspirantes que cumplieron los requisitos para ocupar el cargo de contralores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Asimismo, en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). Ese listado debe entregarse antes de que venza el plazo, el 28 de este mes, a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la cual impulsará y privilegiará la construcción de acuerdos entre los grupos parlamentarios para seleccionar a los candidatos aptos a más tardar el 5 de julio, y al día siguiente notificar su decisión a la Mesa Directiva. El Pleno de la Cámara de Diputados debe votar la propuesta que entregue la Jucopo, a más tardar el 12 de septiembre de 2017. El formato aprobado por las Comisiones Unidas para que los interesados comparezcan ante estos órganos legislativos, establece que las entrevistas se realizarían los días 12, 13, 19 y 20 de junio, en el Salón Protocolo del edifico “C” del Palacio Legislativo de San Lázaro, en horarios específicos para cada uno. Cada candidato tuvo una fecha y hora asignada, de tal manera que cada comparecencia se realizara en intervalos de 30 minutos; y contó con un tiempo máximo de 10 minutos para realizar una exposición sobre los principales puntos de trabajo, de llegar al cargo al que aspira. También debió exponer las razones que justifican su idoneidad y un breve análisis de los retos y alcances de las nuevas leyes de transparencia y anticorrupción en los órganos internos de control. El 1 de junio la Jucopo aclaró los criterios para la selección y designación de estos funcionarios, entre ellos, no haber sido secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia, u Oficial Mayor de un ente público. Tampoco haber sido senador, diputado federal, gobernador o jefe de gobierno de la Ciudad de México, alto ejecutivo o responsable del manejo de recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado a un cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación. /gh/m |
