El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no sólo debe rendir cuentas ante los mexicanos sobre el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, sino también cada uno de los Ejecutivos estatales de las 31 entidades del país y de la Ciudad de México, consideró la diputada federales del PRD, Lluvia Flores Sonduk.

Los gobernadores deben informar también de los servicios de espionaje que tienen contratados, con qué empresas, montos y responder a las acusaciones de espionaje contra dirigentes sociales, periodistas y empresarios por ser incómodos al sistema.

La secretaría de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, reconoció que es importante que el gobierno federal y las entidades federales cuenten con equipos que les permitan investigar a grupos de narcotraficantes y del crimen organizado, pero no para fines políticos, para espiar a los críticos y opositores al gobierno en el poder.

Dijo que, por ejemplo, entre otras cosas, Osorio Chong debe informar si el gobierno de Peña Nieto ha adquirido equipo de espionaje, porque al principio de la administración, el funcionario declaró a la prensa no se había adquirido ningún sotware para dicho propósito, ya que con el que se contaba en ese momento, lo habían comprado los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Mencionó que sería muy grave que el gobierno trate de maniobrar en la Comisión Permanente para no responder a las acusaciones que se han presentado por parte de comunicadores y defensores de derechos humanos y sólo se pretenda responder a través de un boletín de prensa.

Consideró que si bien hay información de diversos medios de comunicación que han dado a conocer información sobre las entidades federales que han comprado equipos de espionaje, no existen datos oficiales de cuáles son las empresas que han vendido los equipos, a qué entidades y sus características.

Explicó que, a decir de diversos medios de comunicación, los gobiernos del Baja California, Chihuahua, Nayarit, Querétaro, estado de México, Sonora, Jalisco, Puebla, Campeche, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Ciudad de México son de las entidades que habrían comprado esos equipos de hackeo; sin embargo, se desconoce si el resto de las entidades los tiene o no.

Comentó que son peculiares los casos de Durango y Guerrero, cuyos gobernadores, José Rosas Aispuro y Héctor Astudillo Flores, dijeron desconocer dónde estás los equipos de espionaje que adquirieron Rafael Herrera Caldera y Ángel Aguirre Rivero, sus respectivos antecesores.

La legisladora guerrerense externó su preocupación por lo dicho por ambos gobernadores, por no saber dónde están los equipos. “¿Cómo saber dónde están los equipos, para qué están siendo utilizados, en contra de quién y para qué propósitos?”, subrayó.

Señaló que es necesario conocer los contratos que tiene el CISEN, las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, la PGR, Pemex, la PFP y algunas otras dependencias que aparecen en filtraciones por haber adquirido equipos de espionaje y que normativamente no tendrían por qué haberlos adquirido.

Flores Sonduk dijo que el gobierno federal y los estatales deben detallar varias peculiaridades de los equipos que compraron, además de la empresa israelí NSO Group, los que se contrataron con la italiana, “Hacking” y su filial en México, Neolinx; si el contrato de los servicios de las empresas Sogams y Verint, fue producto de “una imposición de la Iniciativa Mérida” por ser allegadas a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. /gh/m