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El secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, Braulio Guerra Urbiola, promueve Decálogo Anticorrupción en el cual se incluye que las concesiones, contratos de obra pública y licitaciones estatales a partir de 50 millones de pesos, tengan la aprobación del Congreso. El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) explicó que dicho Decálogo, el cual fue presentado en Querétaro durante un Foro Regional sobre el tema, es resultado de 10 iniciativas de ley que ha emitido durante esta legislatura. En el documento también se busca establecer que la muerte civil sea impuesta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y hacer una aplicación efectiva de la extinción de dominio por actos de corrupción. Además plantea la “constitucionalización” de la Declaración 3de3 con la finalidad de blindarla, así como promulgar, por mandato constitucional, una Ley de Remuneraciones Máximas de los Servidores Públicos. En ese sentido, propone que los legisladores locales y federales “sean auditados en las gestiones que realicen, así como dejar de gozar de fuero, bonos y cualquier privilegio económico que no esté en la Ley”. Así como eliminar la pensión a expresidentes de la República y “cualquier beneficio económico que no emane de la Legislación Federal de la materia”, y tipificar la simulación laboral en el servicio público es decir, de los denominados “aviadores”. Guerra Urbiola también solicita determinar límites al poder de los gobernadores y lograr una división de Poderes efectiva; y que el Fiscal Anticorrupción y el Auditor de la Entidad Superior de Fiscalización en los estados del país sean electos por dos terceras partes del Senado de la República. Por último, en su planteamiento incluye la necesidad de definir una regulación y sanciones estrictas al financiamiento privado en campañas políticas y jornadas electorales, así como castigar el delito de compraventa de votos. bmj/m |
