Angélica Melín Campos, reportera: La fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la Cámara de Diputados pidió que en torno al caso de espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, las instancias competentes investiguen el posible conflicto de intereses en que habrían incurrido funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Lo anterior, al facilitar a un familiar, la venta del sistema de intervención de comunicaciones “Pegasus” a dependencias del Gobierno Federal.

El diputado Vidal Llerenas, recalcó que en ese caso deben intervenir la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Llerenas Morales detalló que Guillermo Ruiz de Teresa, quien ocupa el cargo de coordinador general de Puertos y Marina Mercante en la SCT, es familiar del empresario Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, socio de la empresa Balam Seguridad Privada, S.A. de C.V, señalada como la proveedora del sistema “Pegasus” a instancias como la PGR.

“Los intermediarios en el proceso de compra han incurrido en conflicto de interés, en violación a los preceptos contenidos en las leyes anticorrupción y en el Código Penal Federal”, consideró.

“La compra del software Pegasus ha desatado no sólo un escándalo político por el uso indebido que se ha hecho de ese sistema al utilizarlo para espiar las actividades privadas y profesionales de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales, sino que probablemente los intermediarios en el proceso de compra han incurrido en conflicto de intereses, en violación de los preceptos contenidos en las leyes anticorrupción y en el Código Penal Federal”, refrendó.

El legislador afirmó que el funcionario de SCT ya había sido señalado públicamente por estar vinculado a irregularidades como el desvío de recursos del Sindicato Petrolero a la campaña del priísta Francisco Labastida a la Presidencia de la República en el año 2000, caso conocido como el “PEMEXgate”.

Los lazos familiares del servidor público referido, con el presunto proveedor del sistema de seguridad cibernética a la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Policía Federal, de acuerdo a las investigaciones periodísticas publicadas al respecto, incluyendo el trabajo del diario The New York Times, apuntan a que se registró un conflicto de interés y favoritismo para propiciar la polémica compra, recalcó.

Por lo anterior, reiteró, es preciso que en las investigaciones del caso se tome en cuenta la vertiente señalada, a fin de esclarecer en qué términos y bajo qué condiciones dependencias del Gobierno Federal adquirieron el software que habría sido utilizado para espiar a civiles. dlp/m