En la Cámara de Diputados, en el marco de la realización de un foro sobre participación ciudadana, el presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Jorge Triana, manifestó que si la ciudadanía no quiere a legisladores como la actriz Carmen Salinas, que su llegada a San Lázaro fue ampliamente criticada por no tener estudios, lo que debería de hacer es no votar por el partido que la impulsó, es decir, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tras aclarar que todo ciudadano, con o sin estudios tiene derecho a votar y ser votado, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), refirió que para evitar ese tipo de situaciones y que se den intentos de acotar la participación política de quienes así lo deseen, es necesario que los ciudadanos tengan las herramientas, libertad e información necesarias para elegir a sus representantes populares por sí mismos, y no a través del voto clientelar y a cambio de despensas, dinero, bienes o acceso a programas sociales.

Lo anterior, al referir que en San Lázaro incluso se han presentado propuestas de reforma que son inconstitucionales, como la de impedir que personas sin estudios universitarios puedan aspirar a una diputación.

“Muchos se quejan por qué está Carmen Salinas en la Cámara de Diputados. Hubo un escándalo muy fuerte hace tiempo también, porque sacaron su ficha y decían que no había terminado ni la primaria, una cosa así. Si no queremos diputados sin carrera universitaria, no votemos por candidatos sin carrera universitaria”, planteó.

“Esta señora está ocupando una curul aquí en la Cámara de Diputados porque la gente votó por su partido, punto, no hay otra explicación. No nos gusta que esté ahí, no hubiéramos votado por su partido”, añadió Triana Tena.

Indicó que lamentablemente, en México la participación ciudadana está “secuestrada” por el clientelismo y mecanismos de control político-electoral acuñados desde hace décadas, cuando la fuerza política de Estado se creó y evolucionó hasta llegar a conformar el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y se trata de un “vicio” difícil desterrar.

“Es más fácil para el gobierno controlar una serie de organizaciones que ya están completamente ‘maiceadas’ si me permiten el término, a controlar a 120 millones de mexicanos en lo individual”, indicó, al poner como ejemplo los sectores que se conformaron alrededor del PRI, como el obrero, social, campesino y en su momento militar, cuyo fin fue “corporativizar” el voto y la participación de los ciudadanos.

“Entonces esto es un secuestro si ustedes se fijan, estamos secuestrados por este sistema corporativo. El gran problema es que ya padecemos algo que se llama Síndrome de Estocolmo, estamos enamorados de nuestro captor y creemos que quien gobierna bien es quien organiza de manera clientelar o corporativa a los ciudadanos para otorgarles prebendas a cambio del voto”, alertó.

Ante estudiantes e integrantes de la organización Students for Liberty México, el congresista señalo que el corporativismo inicial “mutó” al clientelismo electoral, y esa práctica nociva no pudo erradicarse ni siquiera con la alternancia en el gobierno, cuando en 2000 el PAN llegó a la presidencia con Vicente Fox.

A partir de ese momento, dijo, las formas de agrupar a los clientes electorales también fueron adaptadas por la izquierda, que sumó a su causa principalmente a organizaciones sindicales, sociales, de ambulantaje y otros rubros, lo que le ha cerrado la puerta a la real intervención de los ciudadanos en las decisiones de gobierno.

Apuntó que en la capital del país ha sucedido lo mismo con la conformación de los comités vecinales que están ligados prácticamente al cien por ciento con los partidos, tienen poder, tienen decisión sobre el uso de recursos y no permiten que las personas en lo individual puedan intervenir.

La historia es similar con los mecanismos de participación ciudadana como el referéndum, el plebiscito y las consultas públicas, que son manejadas por los gobernantes conforme a sus intereses particulares y al momento de solicitar la opinión del votante, se dirigen directamente a los afiliados a sus respectivos partidos.

Todo lo anterior, apuntó, dificulta la participación ciudadana legítima y refuerza los mecanismos de control por parte de las esferas de poder político partidistas.

Añadió que en el caso de la transparencia y el llamado “gobierno abierto”, esos esfuerzos iniciados en el año 2000, también con la llegada del PAN al gobierno federal, se “torcieron” de origen, porque las leyes en la materia han sido utilizadas como instrumentos de golpeteo político, porque hay “muchas formas de darles la vuelta” y porque las autoridades obligadas no cumplen o lo hacen a medias, a fin de simular que rinden cuentas.

El más reciente ejemplo de ello, indicó, es la renuncia del Comité de Acompañamiento Ciudadano (CAC) al proceso de nombramiento del Fiscal Anticorrupción, debido a que el Senado de la República incumplió con esa obligación.

Asimismo, se declaró a favor de que los partidos políticos no reciban recursos públicos, lo anterior, para evitar que los impuestos pagados por los ciudadanos sean utilizados no para garantizar la representación popular, sino para pagar el café y las galletas y los viajes a Miami que hacen los líderes partidistas, esto último, en relación a los paseos de la presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales, por dicha ciudad estadunidense. ar/m