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Sergio Perdomo, reportero: “El PRD respalda el punto de acuerdo firmado por todas las fracciones parlamentarias, por el gran valor que tiene que la Cámara se pronuncie en contra de esta política cruel e inhumana de cancelar DACA; sin embargo, nos parece que el gobierno federal se ha quedado muy corto y mudo frente al maltrato que sufrirán aproximadamente 600 mil mexicanos en Estados Unidos”, sostuvo la diputada Cecilia Soto González, durante la discusión del tema. Detalló que –para dimensionar el problema- durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hay 600 mil empleos dependientes de la industria automotriz, el mismo número de mexicanos que serán afectados en la Unión Americana por la cancelación del citado programa. Refirió que antes del DACA se fue construyendo un entramado semiilegal que hace posible que Donald Trump implemente una política con base racista, ajena a todos los convenios internacionales de defensa de los derechos humanos: en 2010, Arizona aprobó la Ley 1070 que clasifica una serie de infracciones a la ley como delitos graves, lo que ha sido utilizado para que mexicanos que cometieron faltas administrativas, sirvan como pretexto para las deportaciones. En junio pasado, detalló la legisladora, se dejó sin defender DAPA, que era la orden ejecutiva que permitía que padres mexicanos de ciudadanos americanos pudieran obtener la residencia legal y posteriormente, la orden ejecutiva de Trump para que las policías locales pudiesen actuar en conjunto con la policía de migración como si fueran un solo cuerpo, para tener mayor eficacia en las rondas de deportación. “Se ha señalado que la eliminación del DACA, es una muestra de crueldad y falta de humanidad, porque deja en la incertidumbre, y quizá regrese, a miles de jóvenes que crecieron en Estados Unidos, pero no se menciona que otro de los aspectos fundamentales de esta crueldad, es la traición a la confianza, pues estos jóvenes dieron los datos de sus familias, dónde vivían, dónde trabajaban, para poder obtener DACA y es posible que por esto, sus padres sean deportados”, argumentó la también presidenta de la Comisión de la Ciudad de México. Soto González adelantó que presentó una iniciativa para modificar la Ley de Derechos y aumentar 10 dólares al permiso que pagan los viajeros aéreos para ingresar a México, lo que permitirá a nuestro país tener más ingresos y dirigirlos a relaciones exteriores para la defensa de los migrantes. dlp/m |
