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16:00  |  18 - 12 - 2017
Diputado panista propone endurecer penas a choferes que cometan feminicidio

Ang√©lica Melin Campos, reportera: Los operadores de servicios de transporte p√ļblico y privado que incurran en el delito de feminicidio, as√≠ como las autoridades que no concedan medidas cautelares cuando una v√≠ctima est√© en peligro deben ser sancionados con mayor severidad, propuso el diputado panista Eukid Casta√Ī√≥n.

 

Casta√Ī√≥n present√≥ la propuesta que tambi√©n contempla eliminar el plazo de 72 horas de protecci√≥n en caso de riesgo, a fin de que se prolongue hasta que sea necesaria.

 

El legislador también planteó que la declaratoria de protección en caso de riesgo podrá ser solicitada por personas externas a la víctima, siempre y cuando exista justificación.

 

Casta√Ī√≥n Herrera apunt√≥ que los cambios a diversas disposiciones del C√≥digo Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contemplan elevar las penas previstas.

 

Puntualiz√≥ que se agravar√° la pena de c√°rcel en uno a cinco a√Īos m√°s, cuando el agresor sea operado de veh√≠culo de transporte p√ļblico o privado terrestre de pasajeros; colaborador, asistente o acompa√Īante de aquel, sin importar la modalidad de la prestaci√≥n del servicio o la forma de contrataci√≥n del mismo.

 

Las sanciones que ya contempla el C√≥digo Penal Federal establecen que quien cometa feminicidio ser√° sancionado con prisi√≥n de 25 a 60 a√Īos de c√°rcel, de modo que la sanci√≥n m√°xima podr√° subir de 61 y hasta 65 a√Īos de prisi√≥n, si el agresor es chofer de transporte p√ļblico o privado.

 

A√Īadi√≥ que cuando un juez no conceda medidas cautelares cuando su procedencia sea notoria, porque la v√≠ctima corre peligro de privaci√≥n de la vida o de violencia sexual, no solo ser√° penalizado con prisi√≥n preventiva, sino que ser√° destituido e inhabilitado de cinco a 12 a√Īos para desempe√Īar cualquier cargo p√ļblico; aunado a que se le impondr√° una sanci√≥n de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualizaci√≥n (UMA).

 

Los cambios, expuso, establecen que las √≥rdenes de protecci√≥n son urgentes en funci√≥n del inter√©s superior de la v√≠ctima, aunado a que deber√°n otorgarse por la autoridad competente ‚Äúinmediatamente a que cualquier persona le comunique cualquier hecho que permita presumir, con bases razonables y suficientes, una situaci√≥n real y actual de riesgo que implique violencia contra las mujeres‚ÄĚ. dlp/m

 
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