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Tras aprobar ilegalmente la minuta de la ley General de Biodiversidad en la comisión de medio ambiente de la Cámara de Diputados, sin quórum y con tan sólo 15 legisladores, y sin haber realizado la consulta solicitada por las organizaciones y por las comisiones de Asuntos Indígenas, mañana se podría presentar al pleno el documento para su aprobación. Representantes de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, que ha sumado a más de 200 organizaciones y cientos de personas en rechazo a la iniciativa, explicaron en conferencia de prensa que a esta oposición se suman las fracciones parlamentarias de Morena y el PRD que presentaron una inconformidad en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados el 22 de marzo, mientras que la bancada del PAN planteó hacer cambios a la minuta de la ley al considerar que “es incompatible con la protección del medio ambiente”. El 27 de marzo el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó́ un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a que la legislación sea sometida a un verdadero proceso de consulta con los pueblos y comunidades. Adelita San Vicente de la organización Semillas de Vida recordó que el 22 de marzo, la comisión de Medio Ambiente, presidida por el diputado del Partido Verde, Arturo Álvarez Angli, simuló la “aprobación” del proyecto de la Ley General de Biodiversidad durante una reunión que no cumplió́ con el quórum necesario, se realizó́ a puerta cerrada, sin grabación de la misma. Gustavo Sánchez de la Red Mocaf explicó que se trata de una situación similar a la que actualmente se desarrolla con la discusión de la Minuta de una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, también impulsada por el Partido Verde, la cual se encuentra en el Senado de la Republica como cámara revisora y en cuyo proceso los diputados y senadores promoventes se han negado sistemáticamente a abrir un proceso amplio de participación social y a convocar una consulta dirigida a Pueblos y Comunidades indígenas y comunidades equiparables, a pesar de que en México la mayoría de los bosques se encuentran en las tierras de este sector de la población. El investigador Carlos Ávila Bello recordó́ que la iniciativa fue impulsada por la Senadora Ninfa Salinas, quien representa intereses particulares de industrias como la farmacéutica, de alimentos y bebidas, cosmética y de biotecnología industrial. “La Iniciativa es inconstitucional desde su fundamentación y permite el patentamiento de genes, plantas alimenticias y medicinales, cosméticos y del conocimiento indígena que los ha preservado por siglos”. /gh/m |
