Sergio Perdomo, reportero: La C谩mara de Diputados aval贸, en sus t茅rminos, la minuta del Senado que expide la Ley General de Archivos y abroga la Ley Federal de Archivos de 2012 y dem谩s disposiciones que la contravengan. La ley tiene por objeto establecer las bases y principios para la organizaci贸n, conservaci贸n, administraci贸n y preservaci贸n homog茅nea de los archivos en posesi贸n de cualquier autoridad, ente p煤blico o privado que reciba y ejerza recursos del erario en todo el pa铆s. Crea el Sistema Nacional de Archivos, estableciendo las bases para su organizaci贸n y funcionamiento. El Pleno aprob贸 el documento en lo general por 357 votos a favor, uno en contra y una abstenci贸n Se presentaron dos reservas, una del diputado Rafael Hern谩ndez Soriano (PRD) al art铆culo 4, fracci贸n VIII, el art铆culo 36, 38 y el 65 con una adici贸n de una fracci贸n; otra del diputado Jorge Triana Tena (PAN) reservas al 77 y el 88, las cuales se rechazaron y se aval贸 en lo particular por 229 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones. Se turn贸 al Ejecutivo federal para su publicaci贸n en el Diario Oficial de la Federaci贸n (DOF). La nueva legislaci贸n entrar谩 en vigor a los 365 d铆as siguientes de su publicaci贸n en el DOF. El 13 de diciembre de 2017, el Senado de la Rep煤blica aprob贸 el documento y lo remiti贸 a la C谩mara de Diputados, donde fue dictaminado por la Comisi贸n de Gobernaci贸n el pasado martes. El ordenamiento legal est谩 conformado por 123 art铆culos divididos en tres libros (de la organizaci贸n y administraci贸n homog茅nea de los archivos, del Archivo General de la Naci贸n, y de las infracciones administrativas y delitos en materia de archivos) y 17 preceptos transitorios. Considera como sujetos obligados a cualquier autoridad, entidad, 贸rgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 贸rganos aut贸nomos, partidos pol铆ticos, fideicomisos y fondos p煤blicos. Tambi茅n a cualquier persona f铆sica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos p煤blicos o realice actos de autoridad de la federaci贸n, las entidades federativas y los municipios, as铆 como a las personas f铆sicas o morales que cuenten con archivos privados de inter茅s p煤blico. La nueva ley garantiza el principio de transparencia, al establecer que toda la informaci贸n contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesi贸n de los sujetos obligados ser谩 p煤blica y accesible a cualquier persona. Incluye el concepto de 鈥渄erecho a la verdad鈥 y armoniza su contenido con la legislaci贸n en materia de transparencia, al retomarse la prohibici贸n de clasificar como informaci贸n reservada aquella relacionada con la investigaci贸n de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, para garantizar el pleno ejercicio del 鈥渄erecho a la verdad鈥. dlp/m |