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El diputado Carlos Gutiérrez García se pronunció por tipificar como delito a la conducta de aquella persona que construya, edifique o realice obras de infraestructura y/o autorice asentamientos humanos en una zona de riesgo sin haber elaborado un análisis previo. El legislador federal aseveró que la construcción de viviendas en zonas de riesgo es un problema latente principalmente en los estados del sureste del país, donde de acuerdo con la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, hay poco más de siete millones de personas en esa situación. Tan sólo en Oaxaca, 186 municipios de 570 que lo conforman, están considerados de alto riesgo en función de que durante los últimos 15 años se han presentado inundaciones severas, según registros del Atlas Estatal de Riesgos, elaborado por el Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC). Por ello, presentó una iniciativa para reformar el Artículo 416 del Código Penal Federal en materia de vivienda durante el último periodo ordinario, a fin de sancionar a las personas que construyan o, en su caso, otorguen permisos para construir en zonas de alto riesgo, sin haber elaborado un análisis de riesgos ni definir medidas para su reducción. “La construcción de viviendas e infraestructura en zonas de riesgo es un problema añejo y constante en todo el país, que tiene sus raíces en la corrupción de quienes otorgan los permisos, a pesar de saber las consecuencias”, subrayó. El diputado de Nueva Alianza indicó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 28 millones 607 mil 568 viviendas en México se ubican en distintos asentamientos irregulares. Además la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) indica que hay más de cinco millones de viviendas ubicadas en lugares irregulares, cifra que se incrementa en 90 mil cada año. Derivado de ello, recalcó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha hecho una recomendación para lograr una mejora en materia de ordenamiento territorial y asentamientos humanos, “la cual incita a nuestro país a crear mayor congruencia entre la gestión de riesgos, la planeación territorial y el desarrollo urbano, así como la adaptación al cambio climático”. /gh/m |
