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Con el fin de inhibir el mal uso de fondos y recursos federales, el diputado panista Jorge López Martín planteó reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de establecer que será culpable de desvío de dinero público el funcionario que utilice vuelos privados para el ejercicio de su cargo, así como automóviles con un valor superior a 300 mil pesos. La iniciativa que agrega un párrafo al artículo 54 en materia de faltas administrativas graves de los servidores públicos, considera, además, que el uso de helicópteros y aviones para fines distintos de los que fueron adquiridos, es muestra del empleo indebido que se hace de los recursos, sin que a la fecha existan investigaciones pertinentes. Son los casos, ejemplificó, de servidores públicos que "han utilizado los bienes de la Fuerza Aérea Mexicana para fines ajenos a su actividad, así como el uso de helicópteros oficiales para viajes familiares". El documento, que se encuentra en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, reitera que se aprovechan los recursos de manera no apropiada y se gasta en lujos exagerados no necesarios; un ejemplo, dijo, son los vehículos en los que se transportan, tanto terrestres como aéreos. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que hace referencia al artículo 110 de la Carta Magna, "esos servidores públicos podrían ser sujetos de juicio político", afirma. Gobernadores, diputados de legislaturas estatales y magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, “podrían ser sujetos de juicio político” por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, precisa. La iniciativa expone que es importante tomar medidas para evitar gastos innecesarios, atender a la austeridad y contar con lo necesario para poder realizar las funciones que como servidores públicos se tienen. /jpc/m |
