La primera iniciativa de ley que presentará Morena a través del diputado federal Pablo Gómez, será la eliminación del fuero constitucional a todos los servidores públicos y lo hará en la sesión de este martes.

El legislador plantea en su iniciativa que, si el presidente es declarado culpable de algún delito y si se dicta sentencia en su contra, el Congreso de la Unión deberá decidir si le quita la inmunidad y lo cesa de sus funciones.

"Nosotros no llegamos al Congreso para obtener privilegios, sino para terminar con ellos y nosotros debemos estar en igualdad de condiciones", insistió.

La iniciativa contempla establecer una clara diferencia entre fuero e inmunidad, e incluye procedimientos para los juicios en los que pudieran estar involucrados tanto legisladores, como gobernadores o incluso el Presidente de la República, ya que modifica el artículo 108 constitucional para que pueda ser juzgado por cualquier delito.

En entrevista con el equipo de Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, la propuesta "pretende la eliminación del fuero, pero no de la inmunidad, debido a que ésta es condición del normal y libre funcionamiento de los poderes públicos. Se propone que los servidores públicos que ahora están aforados puedan ser sujetos de procedimiento penal en libertad. Cuando el juez dicte sentencia condenatoria, ese mismo juez notificará a la Cámara de Diputados del Congreso que el servidor público ha perdido su inmunidad y el cargo que desempeñó".

Agrega que a dicho proceso se aplicarían a las o los gobernadores de los estados, o al jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México, así como a diputados locales y magistrados de los respectivos tribunales superiores de justicia por la comisión de delitos federales, sin que sea necesario que los congresos de las entidades se pronuncien al respecto.

Así, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Fiscal General de la República, y los consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), mantendrán "inmunidad" por lo que no podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejercen su cargo, pero pueden ser sujetos de proceso penal. Las medidas cautelares no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad.

El proceso respecto al Presidente de la República será similar, pero una vez dictada la sentencia condenatoria, "el asunto tendría que pasar a las cámaras del Congreso para que éstas decidieran retirarle la inmunidad y cesar sus funciones".

Con una modificación contemplada en el artículo 61 Constitucional busca agregar un candado para evitar que los diputados y senadores sean juzgados por las opiniones que manifiesten y difundan durante sus cargos. bmj/m