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La diputada federal de Morena Rosa Mora Ríos, secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob) a establecer una política pública de prevención y atención a víctimas de desplazamiento forzado interno. Mencionó que de acuerdo con el informe Desplazamiento Interno Masivo en México, de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, de 2006 a 2017 se registraron 329 mil 917 eventos de traslado forzado, equiparando a México en el “contexto de naciones con conflictos bélicos como Palestina, o de violencia generalizada como Honduras y Guatemala”. Refirió que a nivel nacional, este fenómeno está contemplado en siete artículos de la Ley General de Víctimas, pero únicamente Chiapas y Guerrero cuentan con marco normativo en la materia. Sostuvo que para consolidar una política integral de migración, es primordial atender a la población que vive esta “denigrante” situación de desalojo de sus territorios, que afecta en su mayoría a las comunidades indígenas, dotándolas de apoyo del Estado, con el propósito de respetar sus derechos humanos, garantizarles trato digno y la salvaguarda de sus costumbres y formas de vida. La proposición, remitida a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen, apunta que, a diferencia de otros fenómenos de movilidad humana, los desplazamientos forzados internos son provocados por la necesidad de huir a causa de la violencia u otros peligros, con el fin de encontrar seguridad y medios de subsistencia. Otra causal, apuntó, son los proyectos que suponen un desarrollo económico para las comunidades, como los mineros, que también motivan desplazamientos, hostigamientos e incluso asesinatos, y que provocan la huida de familias completas para salvaguardarse. /psg/m |
