Los gobernadores del PRI se manifestaron a favor del nacimiento de la Guardia Nacional, ya que mantener las cosas como están sería un acto irresponsable, aseguró el vicecoordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores).

Al participar en la Mesa Seguridad Ciudadana en los Estados como parte de las audiencias públicas para analizar la reforma constitucional que dará vida a la Guardia Nacional, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, advirtió que su nacimiento no resolverá el problema de la inseguridad, pero algo se tiene que hacer.

“Todos los días conocemos y observamos el problema de la inseguridad que no es de un estado, ya está en el país y los vemos todos los días, a veces pega en el sureste a veces en el centro y a veces pega en el norte, no hay limitación en el territorio, ni para los derechos humanos, vale la pena encaminar esta iniciativa”, replicó.

Y agregó que no debe recaer en la Guardia Nacional la investigación de los delitos como delinea el dictamen.

Por su parte, el gobernador priísta de Colima, Ignacio Peralta, señaló que si bien están de acuerdo en la creación de la Guardia Nacional, esta debe estar en manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y no como establece el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que precisa que mientras persista la crisis de violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de 4 años, ésta será adscrita a la Defensa Nacional para su programación y ejecución de funciones en materia de seguridad.

Además, advirtió que el artículo Sexto Transitorio estaría vulnerando el Federalismo, ya que estipula que dentro de los dos años siguientes partir de la entrada en operaciones de la Guardia Nacional, el Consejo de Seguridad Interior en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, realizarán un diagnóstico para determinar el estado de fuerza y las capacidades institucionales de las corporaciones de seguridad pública federal, así como de las entidades federativas y de los municipios donde alguna institución federal se encuentre realizando labores de seguridad pública.

En dicho diagnóstico se determinará si la autoridad policial, estatal o municipal, cuenta ya con la fortaleza institucional para encargarse de la seguridad pública, de ser positivo, la corporación policiaca asumirá la función de seguridad pública.

En caso contrario, el Secretario Ejecutivo gestionará la aplicación del mecanismo de intervención de la policía local para generar las capacidades institucionales en dichas corporaciones que les permitan cumplir con eficacia su función.

Después de seis meses, se emitirá un segundo diagnóstico y si persiste la falta de fortaleza institucional que no permite que las corporaciones policiales locales asuman la función de seguridad pública, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, descontará del rubro de participaciones federales en el ramo de seguridad pública, lo que abona al centralismo. nbsg/m.