Expertos nacionales e internacionales se confrontaron en San Lázaro y advirtieron ante el rechazo de Morena que todo “es una simulación” porque ya se tomó la decisión incluso en el presupuesto para que haya Guardia Nacional.

En la Cámara de Diputados durante la tercera jornada de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional, ---concluyen el sábado--- expertos, académicos y titulares de organismos defensores de derechos humanos, señalaron, por qué la Guardia Nacional no debe aprobarse en los términos planteados por el Ejecutivo Federal y su mayoría en el Congreso.

Al rechazar los elementos centrales de la propuesta, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, advirtió que no se puede depositar la garantía de los derechos humanos en instancias militares.

Recalcó que la Guardia es parcia, sesgada, genera riesgo de violaciones a derechos y contraviene tratados internacionales. Por ello, recomendó solicitar una opinión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, antes de legislar. En su turno, el representante en México del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, refrendó la serie de preocupaciones que genera la Guardia, que no brinda garantía de no repetición de violaciones a derechos humanos por parte de militares en funciones de seguridad. Por lo tanto, recomendó legislar con mayor pausa y reflexión.

Durante la tercera jornada de las audiencias públicas sobre el dictamen de la Guardia Nacional, representantes de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, especialistas y catedráticos hicieron un llamado para no constitucionalizar la militarización del país, ni debilitar al federalismo o a la institucionalidad democrática.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez destacó que la Guardia Nacional es una respuesta parcial, sesgada e incompleta a los problemas de seguridad y violencia.

Propuso el establecimiento de un grupo de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva para construir un esquema de seguridad pública, que reconozca la necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de seguridad pública, que fortalezca a las policías civiles y prevea un plan para el retorno de las Fuerzas Armadas a los cuarteles.

Esta estrategia, dijo, podría implicar la creación de una fuerza de seguridad intermedia de carácter civil con disciplina y adiestramiento especializado que sea un elemento que coadyuve en el proceso de transición entre la intervención militar directa y el que las policías civiles recuperen las funciones que les corresponden.

Propuso que se realice una opinión consultiva a la Corte Interamericana sobre compatibilidad de la Guardia Nacional con el régimen Iberoamericano de Derechos Humanos.

El representante en México del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, hizo un llamado para que una definición de este tipo se realice de manera pausada, reflexiva y en estricto apego a los compromisos internacionales de derechos humanos adoptados por el Estado mexicano.

Indicó que el dictamen es problemático desde una perspectiva de derechos humanos.

Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, destacó, a título personal, que esta propuesta implica la constitucionalización de la militarización del país.

Alejandro Madrazo, del CIDE, destacó que la guardia nacional debe ser civil. (Enfoque Noticias)