La Comisi贸n de Derechos Humanos de la C谩mara de Diputados llam贸 a que se garantice la justicia que demandan todas las v铆ctimas de violaciones a sus garant铆as fundamentales durante los disturbios de 2006, ocurridos en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de M茅xico.

El presidente de la instancia legislativa, Hugo Rafael Ruiz Lustre, tambi茅n reconoci贸 al Centro Pro Derechos Humanos Miguel Agust铆n Pro Ju谩rez A.C, y a su director, Mario Ernesto Patr贸n S谩nchez, por el esfuerzo realizado en el seguimiento del caso.

Lament贸 que, a casi 13 a帽os de los hechos, apenas est茅n 36 funcionarios p煤blicos estatales bajo investigaci贸n, sin sentencia condenatoria firme y sin que ning煤n servidor p煤blico federal o de alto nivel, haya sido llamado a rendir cuentas.

Lo anterior, a pesar de las investigaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n (SCJN), de las recomendaciones de la Comisi贸n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), as铆 como los resolutivos de organismos internacionales, como la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comit茅 para la Eliminaci贸n de todas las Formas de Discriminaci贸n contra la Mujer (CEDAW).

El legislador de Morena record贸 que los d铆as 3 y 4 de mayo de 2006, aproximadamente 700 elementos de la entonces Polic铆a Federal Preventiva y mil 815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de M茅xico, contra activistas e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Durante el conflicto, se generaron acciones de uso excesivo de la fuerza, en donde murieron dos personas y fueron detenidas y torturadas 217 personas.

Entre los detenidos hubo 47 mujeres, que en su mayor铆a sufrieron a manos de los polic铆as agresiones de naturaleza sexual, golpes y abuso f铆sico, as铆 como amenazas de muerte y de hacer da帽o a sus familias.

Tras los hechos, 26 de las mujeres reportaron agresiones al ingresar al Centro de Prevenci贸n y Readaptaci贸n Social (Cereso) Santiaguito, de Almoloya de Ju谩rez, sin que fueran atendidas debidamente.

Los hechos fueron denunciados y la tortura fue documentada por expertos de la CNDH y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.

Por ello, s贸lo 21 polic铆as estatales fueron consignados por abuso de autoridad, un delito menor que se comete contra la administraci贸n p煤blica, pero todos fueron absueltos.

Asimismo, un polic铆a estatal m谩s fue condenado por el delito no grave de actos libidinosos en perjuicio de una de las v铆ctimas de agresi贸n sexual; no obstante, con posterioridad tambi茅n fue absuelto.

En ese sentido, Hugo Rafael Ruiz Lustre advirti贸 la falta de justicia de las autoridades nacionales, as铆 como la negativa en atender las recomendaciones de instancias internacionales, como la antes mencionada CIDH.

Record贸 que la CIDH recomend贸 al Estado mexicano una investigaci贸n penal efectiva, con debida diligencia, dentro de un plazo razonable, que buscara esclarecer los hechos en forma integral y que identificara y sancionara los distintos grados de responsabilidad.

De lo anterior, el 17 de septiembre de 2016 la CIDH envi贸 el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al detectar la falta de avance sustancial e integral en el cumplimiento de las recomendaciones. (La Cr贸nica.com)