El Pleno de la Cámara de Diputados entró a la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, que reforma el artículo 19 de la Carta Magna en materia de prisión preventiva oficiosa.

En medio de desacuerdos y reclamos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), incluso de los vicepresidentes de la Mesa Directiva de San Lázaro, por diferencias claras en el procedimiento para discutir y avalar el dictamen, inició el debate.

Los integrantes de una disminuida bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que este mismo martes perdió nueve miembros, también se pronunciaron a en contra.

La bancada del Partido Verde (PVEM) adelantó que votaría a favor; la del Movimiento Ciudadano (MC) indicó que el voto sería “de conciencia”, es decir, dividido; mientras que los congresistas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al parecer, también votarán divididos.

El análisis inició con la presentación de una propuesta alterna sobre prisión preventiva oficiosa, firmada por legisladores del PAN, PRI, PRD y MC.

Al presentar el proyecto, la presidenta de la Comisión dictaminadora, Miroslava Carrillo, señaló que la mayoría acordó modificar la minuta proveniente del Senado, para integrar a la lista de delitos que ameritan prisión preventiva, solo el robo de hidrocarburos, así como la corrupción y delitos electorales, por considerar que afectan seriamente la riqueza y el patrimonio del país, la democracia representativa, así como la seguridad de las personas.

Los senadores, recordó, habían solicitado agregar al listado nueve delitos entre los que figuran el uso de armas de fuego y explosivos, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, desaparición forzada y desaparición forzada por particulares.

Señaló que el propósito de la reforma es impedir que los presuntos involucrados en las faltas referidas evadan de la ley, e impedir que sus conductas representen un peligro mayor para la ciudadanía.

La prisión preventiva oficiosa, apuntó, se mantiene como una medida excepcional, a la que se recurre como último recurso y teniendo presente que la autoridad judicial debe investigar el delito.

La mayoría en la instancia dictaminadora y en la Cámara, dijo, consideró que el Estado debe contar con más instrumentos para garantizar la seguridad de las personas, ante situación de violencia e impunidad que vive el país.

La reforma, abundó, busca disminuir alta incidencia en delitos lesivos y atender problemas de impunidad e inseguridad, a través de una medida cautelar de excepción, con el fin de proteger la seguridad e integridad de los habitantes.

Puntualizó que los diputados dejaron los artículos transitorios definidos por el Senado de la República, y los cuales establecen que en un plazo de cinco años, se deberá analizar la pertinencia de mantener en sus términos la vigencia del listado correspondiente.

Antes de iniciar los posicionamientos, el diputado federal del PRD, Antonio Ortega, presentó una moción suspensiva que no prosperó (Noticias MVS)