La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados propuso reformas a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, con el fin de establecer los procedimientos específicos para que particulares afectados en sus bienes y derechos por la actividad administrativa irregular del Estado, sean indemnizados.

Por otra parte, los panistas en San Lázaro plantearon cambios a la Ley de Coordinación

Fiscal, para crear un Fondo Hídrico para el Desarrollo de Estados y Municipios Aportantes a Tratados Internacionales.

En el primer caso, el diputado Carlos Alberto Valenzuela señaló que al establecer claramente la obligación del Estado a indemnizar a las personas que, “sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado”, generará certeza jurídica.

Incluso, se pronunció a favor de que se promueva un enfoque de “previsión de riesgos legislativos”, a fin de obligar a que los congresistas aprueben y expidan leyes con el mejor diseño posible, así como a responsabilizarse por omisiones y fallas en la elaboración de las mismas, que deriven en perjuicio para los mexicanos.

Recordó que desde la aprobación de reformas constitucionales, en mayo del 2015, en materia de combate a la corrupción, el Congreso incumplió con la armonización de las leyes secundarias respectivas, incluyendo la de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

“Esta omisión puede generar reclamos legales por parte de los ciudadanos y éstos, a su vez, al ampararse, quedarían en una indefensión por un inapropiado sustento de las leyes frente a una mala decisión de las autoridades, incluyendo, en contra de nosotros como Poder Legislativo”, planteó.

En cuando a la segunda reforma propuesta, el diputado Mario Mata señaló que al crear un Fondo Hídrico de Desarrollo para Estados y Municipios Aportantes a Tratado Internacionales (FOHDEMTI), se podrá compensar a las entidades que aporten determinados volúmenes de agua para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado.

De acuerdo con el total de volumen aportado cada año, las entidades involucradas deberían recibir un porcentaje de los recursos derivados por derechos generados, y cuyo cálculo específico estará a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en coordinación con la Secretaría de Hacienda.

El legislador plateó, entre otras medidas, establecer en la ley que los municipios aportantes, recibirán al menos el 30 por ciento de los recursos recibidos por las entidades federativas; así como promover acciones de coordinación en materia de gestión integrada de recursos hídricos.

“Existe la imperiosa necesidad de que sea cubierto por parte del Estado mexicano, el derecho de una justa retribución a favor de las comunidades donde se realizan las actividades de entrega de agua; esto mediante el razonable establecimiento de un porcentaje que resulte acorde con la utilidad neta obtenida y que refleje de manera paralela, la obligación de realizar un esfuerzo adicional para conservar y ampliar las posibilidades de utilización del recurso natural que nos ocupa”, agregó (Noticias MVS)