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Las fracciones del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados rechazaron el amago del Presidente Andrés Manuel López Obrador de abrogar por decreto la reforma educativa de 2013, al subrayar que dicha acción sería inconstitucional y “propia de regímenes autoritarios”. En su gira por Campeche, el sábado López Obrador reafirmó la disposición de su gobierno a dialogar y construir acuerdos con el magisterio, pero advirtió que “si se tarda mucho y no hay ningún acuerdo, voy a sacar un decreto abrogando, quitando la mal llamada reforma educativa, en tanto se aprueba la nueva reforma”. No obstante, priistas y perredistas en el Palacio de San Lázaro coincidieron al señalar que el Presidente carece de facultades para abrogar reformas constitucionales o cualquier otro tipo de leyes. “La expedición de cualquier decreto por parte del Poder Ejecutivo que derogara, abrogara o decidiera la no aplicación o inobservancia de cualquier disposición constitucional o legal vigente sería inconstitucional”, puntualizó el grupo parlamentario del PRI. En un análisis jurídico, los legisladores priistas remarcaron que no existe en la Constitución Política disposición alguna que faculte al Ejecutivo Federal para determinar la inaplicabilidad, la no observancia, la derogación o la abrogación de reformas constitucionales o legales. Por separado, la lideresa parlamentaria del PRD, Verónica Juárez, sostuvo que el Presidente López Obrador se equivoca si piensa que puede abrogar por decreto la reforma educativa vigente, pues la abrogación es facultad del Congreso de la Unión. “Pretender gobernar por decreto y vulnerar las facultades del Poder Legislativo es propio de regímenes autoritarios. El Presidente de la República cometería un grave error si, en afán de quedar bien con sus aliados electorales en el magisterio, ignora las demandas de la sociedad de mejorar la educación del país y anteponer el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad, por encima de cualquier interés político y económico”, puntualizó. En ese contexto, la legisladora responsabilizó a López Obrador del estancamiento de la nueva reforma educativa por hacer promesas electorales al magisterio que ahora no está condiciones de cumplir. “Si el proceso legislativo está detenido es porque tanto el Presidente de la República, como la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados han sido incapaces de procesar acuerdos con la fracción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se opone al dictamen aprobado”, acusó. (Milenio.com) |
