El diputado Jos茅 Salvador Rosas Quintanilla, del Partido Acci贸n Nacional, plante贸 una adici贸n a la Ley de V铆as Generales de Comunicaci贸n, con el objetivo de cancelar las concesiones de construcci贸n que no presenten autorizaci贸n de manifestaci贸n de impacto ambiental, prevista en la respectiva legislaci贸n, antes del inicio de la obra.

El legislador consider贸 que adicionar la fracci贸n I del Art铆culo 29 de esta Ley permitir铆a tener control de la situaci贸n, evitar espacios de acci贸n para quienes cometen actos de corrupci贸n y realizar estudios que den seguimiento a los efectos de mediano y largo plazos de ciertos proyectos, considerando viabilidad y efectos como la prioridad para que se desarrollen con eficacia.

Se帽al贸 que la falta de atenci贸n que tienen los estudios de impacto en periodos posteriores a la conclusi贸n de la obra, denota una carencia en la comprensi贸n de los efectos de estos proyectos en los procesos biol贸gicos y sociales de los ecosistemas.

Reconoci贸 que la consideraci贸n ecol贸gica en la elaboraci贸n de megaproyectos de infraestructura es obligaci贸n para las necesidades de los tiempos actuales.

El desequilibrio existente en los ecosistemas debido a la actividad humana desregularizada 鈥渉a derivado en efectos que tomar谩n siglos de revertirse ante un escenario optimista, caracterizado por una deseable cooperaci贸n y pronta respuesta鈥�, asever贸.

Rosas Quintanilla subray贸 que considerar la manera en la cual el marco normativo se aproxima al impacto de la actividad humana en el ambiente requiere de una legislaci贸n integral que, desde m煤ltiples frentes, se haga cargo de sentar las bases para combatir pr谩cticas que pudieran tener un buen prop贸sito, pero con consecuencias que derivar铆an en p茅rdidas de mayor relevancia a las ganancias inmediatas.

Mencion贸 que el Art铆culo 28, de la Ley General del Equilibrio Ecol贸gico y la Protecci贸n al Ambiente, establece que las v铆as generales de comunicaci贸n necesitan autorizaci贸n que otorga la Secretar铆a de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Adem谩s, el Art铆culo 34 se帽ala la obligaci贸n de la secretar铆a de realizar consulta p煤blica para integrar las observaciones de los interesados a la manifestaci贸n de impacto ambiental.

Respecto de los estudios de impacto social, agreg贸, 鈥渘o es un procedimiento o requisito para los proyectos y obras en v铆as de comunicaci贸n鈥�.

Asimismo, consider贸 que la manera en que se llevar谩 a cabo debe ser detallada y no s贸lo mencionada en la legislaci贸n correspondiente.

Tambi茅n se necesitan adaptar los proyectos acordes a los condicionantes de los espacios geogr谩ficos y recursos disponibles, como prioridad en la planeaci贸n actual y futura de los proyectos de infraestructura, enfatiz贸.

El legislador panista coment贸 que, a escala mundial, la inversi贸n en megaproyectos representaba ocho por ciento del Producto Interno Bruto global, inversi贸n que parece ir en aumento ante la apertura del mercado internacional a la inversi贸n privada y p煤blica de diversos pa铆ses.

Seg煤n estimaciones de la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸mico se espera que el gasto necesario en proyectos de este tipo sea de 70 billones de d贸lares, lo que despierta el inter茅s en este 谩mbito para actos de corrupci贸n, a fin de sacar provecho de estos esfuerzos.

鈥淯na adopci贸n de est谩ndares de alt铆sima calidad para el desarrollo de obras enfocadas a asumir sus efectos para la protecci贸n ambiental y social son propias de una naci贸n aspirante a ser potencia, la cual necesita un marco normativo consistente y definido que determine un operar responsable de nuestras obras en favor del desarrollo鈥�, puntualiz贸. /jpc/m