La gratuidad de la educación en riesgo, la eliminación de la evaluación docente y la ausencia de un plan estratégico en materia educativa -incluido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)- son aspectos que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera deben ser reflexionados por la Cámara de Diputados ahora que regresó a ellos la reforma educativa para su discusión.

Al señalar que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, presentado por el Gobierno federal, carece de objetivos y estrategias claras que den certidumbre al rumbo del problema educativo en los próximos años, Coparmex hizo un llamado a la administración para ampliar el apartado sobre educación en dicho documento.

“Es necesario que se den a conocer de forma puntual cuáles serán las estrategias, rutas de acción, metas e indicadores que se plantean conseguir en este sexenio. Sin ello, el camino al éxito es imposible�, expone la Señal de la Coparmex.

Además de la falta de un plan estratégico definido en el PND, hay otro par de preocupaciones precisas del organismo empresarial en el tema de la educación: el riesgo de una educación superior gratuita a través de garantizar a las universidades públicas un presupuesto necesario y la reforma educativa no vincula la permanencia de los maestros al resultado de sus evaluaciones.

De 2017 a 2019, la participación de los recursos federales destinados a la educación superior respecto a la inversión total en educación pasó de 72 a 66 por ciento. En el PEF 2019, los recursos para educación superior disminuyeron 0.5 por ciento respecto a 2018. Actualmente, 56 por ciento de su presupuesto proviene de la federación, 29 por ciento de subsidios estatales y el restante 15 por ciento son recursos propios.

Los graves problemas financieros que enfrentan las universidades públicas se están multiplicando en todo el país. Universidades estatales, como las de Baja California, Guerrero, Morelos, Oaxaca o Tabasco, incluso han enfrentado dificultades para cubrir su nómina, da cuenta la Coparmex.

“El camino a la gratuidad debe comenzar por el establecimiento de reglas claras en la asignación de sus recursos, acompañadas de fórmulas, con base en indicadores de desempeño, transparencia y eficacia en el uso de los recursos. También se debe fomentar la mayor recaudación de recursos propios, así como las aportaciones de los estados y municipios hasta alcanzar el objetivo de 50-50�, apunta.

El que la reforma educativa no vincule la permanencia de los maestros al resultado de sus evaluaciones abre la puerta al regreso de prácticas perjudiciales para la enseñanza como la venta de plazas.

“Además, el sindicato de maestros podría tener el control de la mitad de las plazas de nueva creación, una medida contraria a la transparencia y a la recompensa basada en el mérito. Ante esto, urge ampliar y consolidar la rectoría del Estado en materia educativa. Mantener el control de las plazas, así como la capacitación y evaluación continua a docentes�, expone en el documento. (El Financiero.com)