La mañana de este martes, la secretaria de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Cynthia López Castro, presentó la iniciativa de la nueva Ley General de Educación.

Los cambios que propone la diputada del Partido de la Revolución Institucional (PRI) hacen hincapié en la infraestructura educativa.

Las modificaciones propuestas son las siguientes:

1. Con la abrogación de la Ley General de Infraestructura Física Educativa se empobrece

el marco normativo para regular uno de los componentes esenciales del Sistema Educativo Nacional.

• La iniciativa de Ley General de Educación, en su régimen de transitorios, propone la abrogación de la Ley General de Infraestructura Física Educativa:

“Tercero. Se abroga la Ley General de Infraestructura Física Educativa publicada el 1 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto.”

• La actual Ley General de Infraestructura Física Educativa contiene 33 artículos distribuidos en VI capítulos y tiene por objeto “regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional”. Contempla condiciones mínimas de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable y estipula una distribución de atribuciones en la materia entre los tres órdenes de gobierno.

Artículo 5. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponde a las autoridades en materia de infraestructura física educativa de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias constitucionales y las señaladas en la Ley General de Educación.

• En el nuevo ordenamiento se le estaría sustituyendo por un capítulo con 9 artículos, lo cual genera lagunas jurídicas preocupantes, principalmente en materia de supervisión de la seguridad estructural de las escuelas.

2. El nuevo marco jurídico propuesto aumenta el riesgo de accidentes fatales en las

escuelas y hace recaer toda la responsabilidad en los gobiernos estatales.

• La nueva Ley General de Educación faculta a las comunidades escolares, por medio de los Comités Escolares de Administración Participativa, para llevar a cabo proyectos de construcción, mejoras o mantenimiento de los planteles educativos:

Artículo 106. […] Cada Comité recibirá presupuesto anual para construcción, mejoras o mantenimiento del plantel educativo, de conformidad con los procedimientos establecidos en los lineamientos mencionados en el párrafo anterior y en cumplimiento de las disposiciones a las que alude este Capítulo.

• Esto pone en grave riesgo a los alumnos, pues no se prevé el cumplimiento de estándares mínimos de calidad ni supervisión técnica suficiente.

60% de los daños registrados en el sismo del 2017 fueron en aulas autoconstruidas.

• Al desaparecer al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, la responsabilidad sobre la seguridad de los planteles se hace recaer exclusivamente sobre las autoridades estatales. En la exposición de motivos, al enumerar los aspectos centrales de la nueva ley, se señala:

“21. Las autoridades educativas de las entidades federativas asumen las facultades para regular los criterios en materia de infraestructura educativa referidos a la seguridad, higiene, asesoría técnica, supervisión estructural en obras mayores, transparencia y eficiencia de los recursos asignados a la construcción y mantenimiento de escuelas.”

3. Aprobar esta modificación en el marco jurídico haría a los legisladores que lo avalen con su voto corresponsables de accidentes fatales en las escuelas como consecuencia de esta mala política. (24 HORAS)