Especialistas en derecho penal, acad茅micos y abogados manifestaron ante diputados que la minuta del Senado que mete la defraudaci贸n fiscal en supuestos de delincuencia organizada es inconstitucional.

Argumentaron que la propuesta viola el debido proceso, atenta contra derechos humanos, ahuyentar谩 la inversi贸n privada y es contradictoria del sistema penal acusatorio, entre otros factores de impacto.

Durante la sesi贸n de Parlamento Abierto, que llevan a cabo las comisiones de Hacienda y Justicia sobre el tema, ante la inminente intenci贸n de Morena de dictaminar la pr贸xima semana el proyecto, los participantes pidieron que no se apruebe y se le d茅 m谩s tiempo para su an谩lisis.

El abogado Ricardo Zinser explic贸 que los delitos de defraudaci贸n fiscal son de tipo patrimonial, por lo que no deber铆an estar metidos en leyes que tienen que ver con delincuencia organizada y seguridad nacional.

Record贸 que en M茅xico hay un nuevo sistema de justicia penal y se ha querido cambiar la forma en que se busca hacer justicia en el Pa铆s.

Consider贸 que la minuta del Senado es incorrecta y contradictoria del sistema legal, porque se buscaba hacer una excepci贸n la prisi贸n preventiva, y con la reforma se est谩 generalizando.

"Ya no es la excepci贸n, es irnos para atr谩s y seguir los mismos vicios, de meter todos los delitos en la c谩rcel, estamos buscando venganzas en c谩rceles costosas y escuelas del crimen", expuso.

Tambi茅n dijo que la minuta es violatoria de la Constituci贸n y ser谩 "tumbada" porque los delitos de defraudaci贸n fiscal no est谩n en el cat谩logo de delitos de prisi贸n preventiva que est谩n en el art铆culo 19 constitucional.

Indic贸 que se quieren insertar los delitos de defraudaci贸n fiscal en leyes que tienen otros fines de sanci贸n.

"Mi opini贸n como abogado, como catedr谩tico, es que estoy abiertamente en contra se pretenda modificar art铆culo segundo de Ley de Delincuencia Organizada para que delitos fiscales sean tratados como delincuencia organizada, no debemos olvidar cual objeto de esta ley, se cre贸 en 1996 y su objetivo es titular en espec铆fico la seguridad, la soberan铆a y la seguridad nacional", asever贸.

Se帽al贸 que la defraudaci贸n fiscal no atenta contra la integridad y la estabilidad del Estado mexicano.

"Los derechos fiscales son delitos de car谩cter patrimonial, si bien el ofendido es el Estado, no son delitos violentos son patrimoniales, son un absurdo estos cambios", mencion贸.

Samuel Gonz谩lez Ruiz, ex director de la Unidad de Delincuencia Organizada de la PGR, argument贸 que, si bien hay elementos para considerar que una empresa puede funcionar como parte de la Delincuencia Organizada, no podr铆a aplicarse en forma general.

Dijo que es preocupante que se quiera aplicar la prisi贸n preventiva en forma generalizada.

"Se nos est谩 pasando la mano en el tema de la prisi贸n preventiva oficiosa y sus ampliaciones", expuso en la sesi贸n de Parlamento Abierto realizada en C谩mara de Diputados.

Sugiri贸 que la Legislatura termine la reforma procesal penal y determine penas racionales, a trav茅s de estrategias que impidan la puerta giratoria que permiten la salida de delincuentes.

Indic贸 que, a pesar del esp铆ritu de la reforma, se requiere elementos m谩s graves de conductas.

Por el efecto expansivo que tiene la reforma, se debe cuidar la reforma y mejorar la redacci贸n de tipos penales, recomend贸.

El especialista en Ciencias Penales, Rodolfo F茅lix C谩rdenas, advirti贸 que la llamada ley "antifacturera" equipara a las empresas con los c谩rteles de la droga.

Afirm贸 que los legisladores no han entendido los alcances de la reforma, ya que convierte a cualquier integrante de una asociaci贸n civil o mercantil en miembro potencial de la delincuencia organizada, lo que ocasionar谩 la extinci贸n de las empresas.

El especialista calific贸 como una falacia que la reforma combata 煤nicamente a las llamadas factureras, ya que, al considerar el fraude fiscal, tambi茅n afectar谩 a las empresas o a cualquier persona que forma parte de una asociaci贸n mercantil.

"Se ha informado de una manera un tanto falaz que la reforma tiene que ver 煤nicamente o quiz谩 煤nicamente con el tema de las llamadas empresas factureras o fantasma, y esto no es del todo as铆, el problema est谩 en otro lugar. El problema es esta propuesta de reforma est谩 dirigida a tratar como miembros de la delincuencia organizada el fraude fiscal en la parte m谩s importante, que es el art铆culo 108 del C贸digo Fiscal", explic贸.

F茅lix C谩rdenas inform贸 que el fraude fiscal no puede ser considerado delincuencia organizada, ya que se excluyen por definici贸n. La delincuencia organizada, dijo, es una organizaci贸n de hecho y no jur铆dica.

"Si llevamos al fraude fiscal ah铆, no deja de ser por eso el requisito una organizaci贸n de hecho, no es una organizaci贸n jur铆dica y las empresas son organizaciones jur铆dicas, las empresas, la industria", resal贸.

El abogado advirti贸 que, si los diputados aprueban la minuta enviada por el Senado, estar铆an legitimando pr谩cticas como el derecho de piso y agreg贸 que dicha reforma plantea un trato desigual para empresarios y contribuyentes, ya que se les equipara a los integrantes de c谩rteles.

"La reforma lo que est谩 haciendo es darle sentido de licitud a la delincuencia organizada () Si yo voy a dar un trato a la empresa por fraude fiscal como delincuencia organizada es un tratamiento desigual, 驴por qu茅 a m铆 empresa me vas a tratar as铆, me vas a llevar a la c谩rcel o me vas a tratar de esta manera y al C谩rtel de Jalisco no si somos delincuencia organizada? Eso no lo est谩 previendo la ley", advirti贸.

"Est谩 equiparando a las empresas y a la industria con los c谩rteles de la droga, los c谩rteles que trafican armas, los carteles de trata de personas".

Jorge Gaxiola, de la Asociaci贸n de Bancos de M茅xico, recalc贸 que la reforma pone de rodillas a los empresarios, ya que los obliga a tener que defenderse en prisi贸n preventiva, con cuentas congeladas y con extinci贸n de dominio, es decir, con el riesgo de que sus bienes puedan ser vendidos antes de que exista una sentencia en firme.

"Se va a defender con las cuentas bloqueadas, en prisi贸n preventiva, con extinci贸n de dominio, donde no s贸lo est谩 en juicio, sino que se puede poner en venta su patrimonio incluso antes de que se defina si es contribuyente o no", se帽al贸.

Acus贸 que son quienes pagan impuestos y generan empleo los que est谩n siendo sometidos a este "r茅gimen de discrecionalidad", el cual calific贸 de inapropiado al r茅gimen constitucional. (Reforma.com)