MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LAS CONSTITUCIONES DE MÉXICO 1814-2016”, EN EL SALÓN LEGISLADORES DE LA REPÚBLICA, DE ESTE RECINTO. 16 de mayo de 2016
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Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes.
Me da muchísimo gusto estar esta tarde aquí en la sede del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Señor Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Doctor Pedro Salazar Ugarte, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Máxima Casa de Estudios, la UNAM.
Señoras y señores diputados aquí presentes (yo no sabía que iba a venir una buena cantidad, de distintos partidos políticos, además).
Distinguidas y distinguidos invitados, amigas y amigos, todos aquí presentes:
Es para mí un honor presentar el libro “La Historia de las Constituciones”, como parte de los trabajos conmemorativos del centenario de la Constitución de 1917.
Esta obra –lo verán ustedes cuando la lean, la revisen, la estudien- ofrece un panorama del proceso constitucional en México a través de los distintos instrumentos fundamentales que han regido a nuestro país desde la Independencia.
La Constitución –como lo sabemos, pero hay que decirlo y subrayarlo cada vez que podamos- es la ley suprema de un Estado en la que se establecen los derechos y obligaciones de ciudadanos, mujeres y hombres, y gobernantes y, en consecuencia, ninguna ley o precepto pueden estar por encima de ella.
A lo largo de su historia, México ha tenido diversas constituciones. Algunas han sido centralistas, por las que se depositaba el poder en un solo órgano que controlaba las decisiones políticas del país; y otras federalistas, como la actual, que en la letra reconocen la soberanía de estados y municipios.
La variedad de documentos constitucionales mexicanos producidos en el siglo XIX, fomentaron y fomentan una necesidad de legitimación política, ideológica y cultural, que fortalece o buscaba fortalecer el institucionalismo.
En la historia de nuestro México independiente hubo -por espacio de 44 años; es decir, de 1810 a 1854- cuatro Cartas Constitucionales conformadas por diversos instrumentos que regulaban la vida económica, política y social del país.
A lo largo de 159 años contados a partir de 1857 hasta el actual 2016, nuestro país ha sido regido por dos documentos básicos: Las constituciones de 1857 y la actual que data de 1917, que está a punto de cumplir su primer centenario.
Esta última (la de 1917), es la síntesis de la evolución jurídica, política y social de México. Incluye muchos de los mejores postulados de la Constitución de Apatzingán, primera ley fundamental del país independiente. Es resultado también, de las grandes luchas del pueblo mexicano por alcanzar y reforzar su libertad y soberanía.
Por supuesto que México hoy es muy diferente al de aquel de 1917. La Constitución también ha cambiado y lo ha hecho profundamente: Ha sido modificada con 692 reformas a través de 226 decretos, para incorporar transformaciones profundas y esenciales producto de nuevas necesidades, reclamos y nuevos derechos de todo tipo, de una sociedad que ha evolucionado de manera significativa.
Así, se han logrado reformas que han significado lo que yo llamaría: “Verdaderas revoluciones pacíficas, progresistas, garantistas, congruentes con las aspiraciones de los revolucionarios constituyentes del 17” entre otras, por solo mencionar algunas de las que han marcado rumbo y dejado huella: Especialmente el derecho de las mujeres al voto, la ampliación de los derechos humanos, la ampliación de libertades políticas e individuales que han propiciado una mayor competencia política y verdadera pluralidad que ha llegado para quedarse en nuestro país.
Pero también –hay que decirlo- ha habido importantes reformas que han contravenido el sentido profundo de los principios fundacionales establecidos en la Constitución del 17, particularmente al artículo 27, relacionado con la propiedad social de la tierra y la propiedad de la nación sobre sus productos energéticos, así como al artículo 123 referido a los derechos de los trabajadores.
Estas han sido reformas altamente controvertidas; es decir que no se dieron sobre la base de consensos –por lo menos- entre las principales fuerzas políticas del país.
Ahora bien, yo diría: Situados en este terreno y en vísperas del Centenario de la Constitución de 1917, estamos obligados creo yo, a reflexionar sobre grandes asuntos que ubicaría en dos grandes planos:
El primero de ellos, es el referido a qué tipo de reformas se requieren para diseñar o rediseñar la Constitución del Siglo XXI con una visión de Estado.
Y el otro plano tiene que ver con la armonización de nuestro texto constitucional con la realidad. O, dicho de otro modo, cómo lograr que -en la realidad- se pueda cumplir con los ideales y con las disposiciones fundamentales que incorporaron los constituyentes del 17 para diseñar el México del Siglo XXI, y, desde luego, incorporar las reformas posteriores de entonces a la fecha.
En el primero de los planos, sobre “qué tipo de reformas requerimos” hay, por lo menos, tres grandes posicionamientos, por lo menos:
El primero de ellos es el que plantea que los problemas de México se resolverán regresando al texto original de 1917 y teniendo buenos gobernantes. Se trata de una visión muy cuestionable y yo diría que hasta conservadora, como si México no hubiera evolucionado en estos casi cien años de nuestra vida nacional; al mismo tiempo que evidencia que sólo se requiere un personaje per se para lograr los cambios que México necesita.
La segunda posición es la de quienes sostienen que nuestra Constitución, con sus centenares de modificaciones -que han llevado hasta a detallar la cantidad de segundos a los que los partidos políticos tienen derecho en radio y televisión como parte de sus prerrogativas- debemos preservarla, la Constitución como está y solo seguirla reformando en lo que se necesite y cada vez que se requiera.
La tercera de las propuestas en este mismo plano, plantea que se requiere hacer una reformulación del texto constitucional vigente preservando, desde luego, los principios sociales que la Revolución plasmó en nuestra Constitución, y adecuar –entre muchas otras cosas, por ejemplo- el equilibrio de poderes que, en los hechos, se ha ido instalando en un sistema constitucional que tenemos de un régimen presidencialista, y esto del equilibrio de poderes que se ha ido instalando ha sido principalmente por el relevante papel que ha venido teniendo el Legislativo en, por lo menos, los últimos 20 años. Y, desde luego, seguir incorporando –en esta reformulación- nuevos derechos sociales y nuevas libertades políticas.
Estas tres grandes posiciones forman parte de un debate que ya se ha instalado desde hace varios años en la academia y en el terreno de la política.
El otro gran plano de la reflexión, tiene que ver con lo que yo llamaría: La disfuncionalidad existente entre, por una parte, los principios sociales del 17 y los nuevos que se han ido incorporando. Y, por la otra, la realidad que nos habla de que seguimos teniendo insultantes rezagos sociales, desigualdad y pobreza, falta de oportunidades suficientes para las nuevas generaciones, reconocidos índices de corrupción y de impunidad, y graves problemas de inseguridad, que no tienen estos asuntos, nada que ver con los preceptos constitucionales de la democracia como modelo de vida o el derecho a la alimentación, a la educación pública gratuita, al trabajo, al salario mínimo, a la justicia, a la libertad de culto, o también, la prohibición de monopolios establecidos en la Constitución.
Esta disfuncionalidad estructural, este abismo diría yo existente entre preceptos constitucionales y la realidad, ha significado, al final de cuentas, la capitulación, o son resultado de la capitulación de lo público ante la embestida de los intereses privados; el debilitamiento del poder del Estado Mexicano y de sus instituciones, de un lado, y el fortalecimiento de los poderes fácticos, del otro, llámense: Monopolios, grandes medios de comunicación, delincuencia organizada, o la entrega de nuestra seguridad energética a empresas privadas, principalmente trasnacionales.
Y esta disfuncionalidad, o abismo entre Constitución y realidad, es la base de la crisis de credibilidad de la sociedad en las instituciones que hoy estamos padeciendo. La crisis de credibilidad en las instituciones, en los gobernantes y los actores políticos, según lo registran las distintas encuestas y estudios de opinión incluido el llamado Latinobarómetro. Y ello constituye, a la vez -hay que reconocerlo- un riesgo para el desarrollo inmediato, progresista de nuestro país.
Estos dos grandes planos debieran converger: El de los preceptos constitucionales, las letras bonitas de la Constitución y la realidad y compatibilizarse para que no sólo diseñemos, sino que hagamos realidad el México del Siglo XXI y hacer realidad lo que la propia Constitución establece: La democracia como un modelo de vida para todos y en todos los ámbitos de nuestro quehacer nacional.
Estoy convencido de que si logramos avanzar en esto, en este primer centenario de la Constitución, va a ser el mejor homenaje que les podremos rendir a los constituyentes del 5 de febrero de 1917
Muchas gracias.
