MENSAJE DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA DURANTE LA RECEPCIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 Y PERSPECTIVA DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 17 de febrero de 2016
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Muy buenas tardes a todas y todos los presentes.
Nos da muchísimo gusto el día de hoy, recibir aquí en la sede del Congreso General, en esta Cámara de Diputados, al contador público Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Auditoría Superior de la Federación, sea usted bienvenido contador, auditor.
Diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Diputado Luis Maldonado Venegas, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Diputado Francisco Martínez Neri, coordinador de la bancada del PRD.
La diputada Rocío Nahle, coordinadora del grupo parlamentario de Morena.
Secretarias y secretarios de la Comisión de Vigilancia; diputadas amigas nuestras, diputados y compañeros y compañeras diputadas que están aquí presentes en esta ocasión.
Amigas y amigos todos.
El día de hoy recibiremos este informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014.
El diseño constitucional del Estado mexicano prevé que, en la división entre poderes de la Unión, el Poder Legislativo tiene la facultad exclusiva de revisar la Cuenta Pública como un acto de control parlamentario enmarcado en la rendición de cuentas.
Es decir, nuestra Constitución contempla un mecanismo de rendición de cuentas en el cual el Ejecutivo federal, el Poder Judicial, los órganos autónomos y todo aquel ente público que ejerce recursos públicos federales, estén sujetos a rendir cuentas ante los legisladores como representantes populares. Y ello nos obliga a realizar un ejercicio en donde se expliquen y justifiquen los recursos aplicados.
Especialmente, la Carta Magna establece que la revisión de la Cuenta Pública la realiza la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios señalados por el presupuesto, y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Esta es una responsabilidad exclusiva, indelegable; pero que lamentablemente hay que decirlo y reconocerlo, de ella ha abdicado esta Cámara.
Solo para ilustrar, que las cuentas públicas pendientes de aprobarse por esta Cámara de Diputados faltan desde las que contemplan el 2003, la del 2004, la del 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013, y que es nuestro deseo, desde luego, y que debiera de ser una convicción y compromiso que no suceda los mismo en los sucesivo y, particularmente, con esta que hoy se pone en manos de la Cámara de Diputados.
Este informe que hoy recibimos por parte de la Auditoría Superior de la Federación, desde luego que es de la mayor relevancia para esta soberanía y para el país en su conjunto.
Con los datos contenidos en el informe, estaremos constatando una parte importante de la situación en la que se encuentra la administración pública federal, los programas gubernamentales y políticas públicas.
Sabremos qué tanto hemos avanzado o retrocedido en temas cruciales como: Educación, salud, seguridad social, medio ambiente, energía y combate a la corrupción. Me detengo en este último punto, prácticamente existe un consenso de todos los actores de la vida pública que señalan a la corrupción como uno de los factores que más daño hace a nuestra nación.
De acuerdo con cifras del Banco de México, por ejemplo, la corrupción le cuesta al país hasta un nueve por ciento del Producto Interno Bruto; de igual forma, pone un freno a la implementación de las importantes reformas de los últimos años y al desarrollo nacional, y ocasiona grandes costos políticos y sociales.
Por ejemplo, también, Transparencia Mexicana ha señalado que el 14 por ciento del ingreso promedio anual de los hogares son destinados a “pagos extraoficiales”, es decir, lo que se conoce, lo que identificamos como parte del fenómeno de la corrupción.
Conocedores de este problema, el Poder Legislativo ha modificado nuestra Constitución y el último decreto al respecto fue el que se publicó en mayo del año pasado; pero, eso apenas es sólo el comienzo, todavía nos falta armar el andamiaje legal para hacer realidad el Sistema Nacional Anticorrupción, su diseño e implementación es uno de los compromisos más importantes de esta LXIII Legislatura a la que pertenecemos y que tenemos con la sociedad porque, en la agenda de la Cámara de Diputados, es prioridad que le demos curso a las leyes secundarias que regulan este sistema.
Y que, desde luego, es un verdadero entramado legal el que debemos entrar a desglosar y armar al mismo tiempo que tiene, por lo menos, tres aspectos: El establecimiento de mecanismos de coordinación entre los actores del sistema; el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción y, el tercero, la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información.
Y tendrá que descansar en cuatro pilares -de acuerdo con las reformas constitucionales- entre los cuales que son: El Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, que nuestro gran reto es que podamos armonizarnos para coordinarnos y articularlos adecuadamente entre sí.
Y al hacerlo, nuestro reto es establecer -al mismo tiempo también- que haya concordancia con los compromisos internacionales que México ha asumido en la materia. Dos de ellos, por ejemplo, México ha ratificado la Convención Internacional de Combate a la Corrupción, dos convenciones, entre ellas la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Y para nosotros especialmente como integrantes del Poder Legislativo en San Lázaro, es imperativo también promover una conducta ética que oriente la conducta de los servidores públicos en sintonía con los principios de eficacia y unidad en la organización y cumplimiento de esta responsabilidad que tenemos con la sociedad.
El Poder Legislativo, por ello, lo digo -y sé que lo compartimos ampliamente- no puede quedar al margen de los esfuerzos nacionales para combatir este cáncer; estamos obligados como sujetos obligados a rendir cuentas a la sociedad, nuestro propio gasto, nuestro propio ejercicio de recursos públicos con transparencia, debemos abrirlo a la sociedad.
Y, al mismo tiempo, también establecer un compromiso para establecer reglas de ética y de prevención del conflicto de intereses en la Cámara de Diputados, por una parte; por el otro, sacar adelante en este periodo de sesiones ordinarias, todo el andamiaje que tiene que ver con este conjunto de aspectos de los que hemos hablado.
Y para empezar, pues una buena señal –como lo decía hace un momento- será el que podamos entrar verdaderamente a dictaminar en los tiempos que se establezcan, de acuerdo con nuestra propia normatividad y de una revisión exhaustiva de este informe de resultados, la Cuenta Pública cuya información se nos está entregando la del 2014.
Que empecemos a sentar un precedente, será una buena señal para decir que verdaderamente -no sólo discursivamente sino en los hechos- estamos comprometidos con este reto de tener un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción, de rendición de cuentas y de transparencia y que somos en los hechos congruente con ello.
Felicito al Auditor Superior aquí presente, a nuestras amigas y amigos de la Comisión de Vigilancia y, desde luego, a los coordinadores de los grupos parlamentarios que esperaríamos, desde luego y tengo la convicción de que así será, que establezcamos un compromiso de sacar adelante, pronto todo este andamiaje legal.
Muchas gracias.
