MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL FORO “LA PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA AGRARIA: A MÁS DE UN SIGLO DE LA LEY AGRARIA”. 12 de abril de 2016

Muchas gracias.

Muy buenos días a todas y a todos, me da mucho gusto dar la bienvenida a nombre de mis compañeras y compañeros diputados aquí presentes en esta composición plural de la Cámara de Diputados, a nuestra amiga senadora, Luisa María Calderón Hinojosa, en su carácter de presidenta de la Comisión de Reforma Agraria en el Senado de la República.

Desde luego, a nuestro amigo, el procurador agrario, el ingeniero Cruz López Aguilar, también hace rato que no nos veíamos. Igualmente, al licenciado Luis Ángel López Escutia, magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario, a todos nuestros amigos que ya han sido presentados, desde luego, en el presídium, y a quienes están allá y a todas y todos ustedes, en verdad, nos da mucho gusto que el día de hoy nos encontremos aquí.

Celebro que hoy se den, nos demos cita para analizar los temas de procuración e impartición de justicia agraria en nuestro país. Es preciso que respondamos a estas alturas a la pregunta de que a 100 años de la Ley Agraria cuánto hemos avanzado y qué tanto nos hace falta.

La Constitución del 17, que ya estamos también a unos cuantos meses de cumplir su primer centenario, marcó el arranque verdadero de la justicia agraria en México para los auténticos campesinos y la seguridad jurídica en el mundo del trabajo.

Así, en esta Constitución se establecieron los derechos de los pequeños propietarios agrícolas para tener seguridad sobre sus propiedades, mediante la obtención de certificados de inafectavilidad.

Sin embargo, hay que decirlo también que con la Reforma Energética, publicada el pasado 20 de diciembre de 2013, y las leyes secundarias que de esta se derivaron, yo soy de los convencidos -lo digo en un afán polémico- se vulneró, desde nuestro punto de vista, una parte importante de esa justicia legal, porque el artículo 100 de la ley de hidrocarburos estableció la figura de ocupación temporal a través de una contraprestación para el uso, goce o afectación de los terrenos ejidales, comunales, entre otros cuando se tratare de la extracción y explotación del petróleo o de gas que se hubiera identificado existente en esas propiedades.

Con esta figura, los productores y campesinos tendrían que ceder voluntariamente sus tierras bajo un contrato y por un pago por la ocupación de las mismas, y en el caso de que en un plazo de 180 días no hubiera arreglo entre el campesino y el contratista sea cual fuera éste, el contratista podrá acudir al Tribunal Agrario o a un juzgado de distrito en materia civil para iniciar un proceso de servidumbre voluntaria en la que el órgano jurisdiccional le fijará al contratista una recta fija en favor del propietario.

Como se ve, no parece haber vuelta de hoja. Los productores y campesinos perderían sus tierras en manos de la inversión privada extranjera que es la que principalmente está viniendo a hacer este tipo de trabajos, ya que después de haber sido explotadas, estas quedarán inservibles, después de haber hecho las extracciones correspondientes.

Además siguen pendientes, hay que decirlo también, de resolución un conjunto de juicios en distintas partes del país, en favor de reclamantes ejidales y comunales que pareciera que no van a alcanzar una solución visible para la propia gente reclamante.

Por eso hoy resulta todavía más importante el fortalecimiento de la Procuraduría Agraria, hay que decirlo así. Ante el nuevo escenario que plantea la Reforma Energética que como decíamos, en lugar de fortalecer la propiedad social y la de los pequeños propietarios ahora en aras de un supuesto interés superior, podrán ser despojados por un decreto que obedece no al interés nacional, sino para que compañías privadas se hagan cargo de la explotación de yacimientos petroleros o energéticos.

Esto, en lugar de alentar la participación de los propietarios originales de la tierra, que haya apoyos. Es ahí donde tiene que entrar la impartición de la justicia a cargo de la Procuraduría Agraria.

En la Cámara de Diputados, por cierto, en esta LXIII legislatura en la que nos encontramos, se han presentado ya dieciséis iniciativas y minutas para modificar la Ley Agraria. Iniciativas presentadas por diputados prácticamente de la mayoría de los partidos políticos de esta pluralidad que integra la Cámara de Diputados: del PRI, de Nueva Alianza, del Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Morena, PRD y Encuentro Social.

Siete de ocho grupos parlamentarios han presentado iniciativas, cuyo trabajo compete dictaminar a la Comisión de Reforma Agraria, organizadora de este evento y está aquí, desde luego, como ya fue presentado nuestro amigo, el secretario de la Comisión de Reforma Agraria el diputado Oscar García que desde luego también lo saludamos como siempre con el afecto correspondiente.

Estas propuestas, iniciativas de reformas o minutas que están en manos de la Comisión de Reforma Agraria, tienen el propósito en lo fundamental de lograr la justicia social para los ejidatarios y comuneros, para los dueños de la tierra así como el fortalecimiento de las instituciones participantes en la procuración de la Justicia Agraria como lo es la Procuraduría Agraria.

Estamos convencidos de que los aspectos relacionados con la propiedad de la tierra requieren del trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para que la justicia social sea más expedita en la obligación de incorporar a los sujetos agrarios al desarrollo nacional que hoy lo requiere todavía más nuestro país.

Como representantes populares tenemos la obligación de velar, en todo momento, por la defensa y protección de los derechos, patrimonio e intereses legítimos de los sujetos agrarios para beneficio y desarrollo de las y los mexicanos.

Por ello, reitero mis más sinceras felicitaciones a las y los diputados de la Comisión de Reforma Agraria por generar este espacio de discusión y reflexión sobre los desafíos que enfrenta la procuración de justicia agraria en nuestro país.

Estoy seguro de que este ejercicio servirá para enriquecer la agenda legislativa de esta LXIII Legislatura y tenemos, desde luego, la confianza de que le sirva al país o que le sirva a la gente que requiere de esta impartición de justicia agraria.

Felicidades y muchas gracias.