MENSAJE DURANTE EL FORO "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS , LA LEY QUE FALTA", EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO. 25 de enero de 2016

Muchas gracias, diputado (Juan) Romero Tenorio, muy buenas tardes a todas y todos los aquí presentes, especialmente a las y los familiares de víctimas de personas desaparecidas.

Le agradezco, desde luego, al diputado Romero la invitación para que pudiéramos estar el día de hoy aquí con ustedes en este foro, recoger -desde luego- las consideraciones diversas que se están haciendo. Entiendo que se va a integrar una memoria con las mismas, con conclusiones que habremos, desde luego, necesariamente tomar en cuenta.

El año pasado, casi recién instalada la Legislatura, yo me reuní con varias de las madres y padres de desaparecidos. Nos juntamos en el salón de la Mesa Directiva e hicimos un compromiso de caminar, de recoger, en lo que nosotros pensábamos que debía hacerse, las propuestas que se estaban haciendo, las preocupaciones que se estaban planteando por parte de quienes padecen esta tragedia.

Hoy como lo han subrayado ustedes, estamos ya con plazos prácticamente vencidos, ya los 180 días siguientes a la entrada en vigor del Decreto de Reforma Constitucional debía haberse presentado una propuesta de Ley General y, desde luego, haberla sacado adelante.

La iniciativa del Presidente de la República se presentó prácticamente en los últimos días del periodo ordinario de sesiones (que venció el 15 de diciembre pasado). En medio de esto, nosotros habíamos, algunos compañeros diputados, compartiendo las preocupaciones de ustedes y las responsabilidades que tenemos.

Particularmente, el diputado Alejandro Ojeda, vicepresidente de la Mesa Directiva y un servidor, también como parte de la bancada del PRD, presentamos el pasado 13 de diciembre una propuesta de Ley General que buscaba precisamente retomar las propuestas, las preocupaciones de los familiares de ustedes con personas desaparecidas.

¿Qué es lo que efectivamente nosotros ponemos como aspectos prioritarios? El lograr que se brinde la mayor de las protecciones posibles a las víctimas y sus familiares, en particular a los niños, así como a resolver los miles de expedientes abiertos que siguen existiendo en el país como aquí lo han señalado ustedes; de reconocer en esta iniciativa, la personalidad jurídica de “desaparecido” y ampliar el concepto de “desaparición” porque también en esta iniciativa se incluye a particulares como ustedes también lo señalaron -le di un rápido vistazo a la propuesta que nos acaba de entregar ahorita nuestra amiga- que incluye a particulares como posibles responsables de la violación de derechos humanos.

Desde luego, plantear la necesidad de prevenir e inhibir la desaparición forzada de personas, de tipificar este delito -incluso si se perpetra por particulares- y sancionar a los autores, cómplices y encubridores, así como a quienes inciten a cometerlo, incluso bajo cualquier circunstancia como: Situaciones de emergencia, peligro, disturbio público, catástrofe natural o cualquier otra, y en esto efectivamente tiene que incluirse el concepto de “declaración de ausencia”, con todas las implicaciones legales que ello puede contener.

Establecer directrices para la creación de protocolos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas, así como de investigación del delito; prevenir acciones a seguir para el respeto y protección de los derechos de las víctimas, especialmente el derecho a la vida, a la libertad e integridad personal, a la verdad, a la justicia y a la protección judicial, además del derecho a la reparación integral del daño, que -desde luego- también con toda justeza se reclama.

La creación de bancos de datos genéticos y de cadáveres no identificados y la exigencia de coordinación en los tres niveles de gobierno para lograr la búsqueda efectiva de personas; la investigación y sanción del delito si lo cometen incluso particulares y la conformación de políticas públicas en materia de desaparición forzada. Y, desde luego, agilizar -como se ha demandado- la acción gubernamental a favor de las víctimas para abatir la impunidad y opacidad de los responsables de cometer estos delitos.

La urgencia de abordar estos asuntos, lo dicen además de los expedientes abiertos que se mantienen, la situación grave que seguimos viendo y viviendo en el país a lo largo y ancho de su territorio.

Efectivamente, lo que parecía como un asunto aislado en Ciudad Juárez en su momento -que después se centró la atención nacional e internacional con los jóvenes desaparecidos en Iguala, Cocula, de los estudiantes de Ayotzinapa- resulta que como ustedes mismas y mismos lo han señalado, lo han denunciado, es un fenómeno que no es de ninguna manera aislado.

El crecimiento del número de desapariciones en los últimos años, es verdaderamente espeluznante para cualquiera que tuviera un mínimo de sensibilidad. El incremento mismo de desaparición de mujeres. Por ejemplo, según datos fieles, estadísticos, oficiales, entre 2012 y 2014 creció en 200 por ciento la desaparición de mujeres adolescentes entre 15 y 17 años; esto es para ponerle los pelos de punta a cualquiera y efectivamente tomar decisiones gubernamentales que ataquen este fenómeno de la desaparición forzada.

La propia PGR asume, reconoce, que suman 27 mil 638 casos que están “por resolverse” en esta materia y sigue creciendo la mata.

Últimas notas periodísticas que salen entre ayer y hoy, dan cuenta de que, por ejemplo, en el caso concreto de Veracruz -durante la gestión del actual gobernador Javier Duarte- se incrementaron más de 5 mil por ciento las denuncias sobre mujeres desaparecidas en el estado de Veracruz.

Y, efectivamente, hay que estar muy pendientes, y desde luego hago un llamado público abierto a que se respete el derecho de familiares de las personas desaparecidas en los últimos días en Tierra Blanca, Veracruz, y que están allí protestando desde hace varios días en las afueras del Ministerio Público en Jalapa y que se les respete su derecho a la manifestación y -sobre todo- especialmente que se atienda su exigencia de que se dé con el paradero de las personas desaparecidas.

Todo ello, debe ser, insisto, motivo de preocupación y de urgencia en nuestro trabajo legislativo. Yo por ello, lo digo aquí con un compromiso público y un compromiso también con ustedes amigas y amigos que –y lo hemos platicado por eso a mí me dio mucho gusto de que el diputado Romero Tenorio, haya organizado este encuentro el día de hoy porque compartimos preocupaciones en esta materia- la legislación sobre “desaparición forzada” debe ser tema prioritario en la agenda del próximo periodo ordinario de sesiones que inicia ya el próximo primero de febrero, la próxima semana.

Que lo abordemos como tal, como parte de esto que se le ha dado en llamar muy pomposamente la “Miscelánea Penal”, que lo abordemos como tema prioritario porque además, ya los plazos legislativos constitucionales y legales nos han alcanzado, y por ello yo me permito hacer un llamado también igualmente público a las comisiones involucradas en el Congreso de la Unión para colocar dentro de los primeros temas a resolver, este, el de la Ley General de Desaparición Forzada.

Que lo hagamos efectivamente como bien se ha dicho no solamente en conferencia en los trabajos que lo han planteado ustedes y que ahorita lo retomaba el propio diputado Romero, sino que además -como es un compromiso que se ha hecho y aquí lo refrendo, lo reitero como presidente de la Mesa Directiva- que lo hagamos de la mano con ustedes, que estemos viendo que, como yo lo he dicho: La ley, para que sirva, debe atender las exigencias, las preocupaciones y propuestas de quienes viven directamente este drama y que efectivamente no quisiéramos que a nadie nos sucediera.

Y que además, esta sería la garantía de que tuviera el aval y tuviera no solamente la legalidad, sino la legitimidad social para que pudiéramos pensar que estamos atendiendo de manera clara y verdadera el asunto dramático que vive el país y que especialmente ustedes lo padecen.

Yo seguiré abogando en lo que públicamente también he señalado, en el sentido de que los procesos electorales que tendremos en cerca de la mitad de los estados de la República, corran paralelamente, corran por aparte y que no opaquen ni obstruyan la necesaria acción legislativa nuestra en los meses de febrero, marzo y abril que tiene como plazo este periodo ordinario de sesiones.

Estoy convencido junto con ustedes de que el país no puede esperar más y que la impunidad debe ser combatida sin demora y que, por lo tanto, también el tema, el asunto de los derechos humanos debe estar en el centro de la actuación de todos los integrantes del Estado mexicano, de lo contrario estaríamos condenando al país a un dolor de muchos años y al descrédito mismo de las instituciones y de la propia democracia para mal de todo mundo.

Y subrayo y reitero nuestro compromiso aquí con ustedes de que juntos, caminemos de la mano para que los trabajos se realicen con la prontitud y la urgencia que la situación dramática, trágica del país nos demanda y que ustedes directamente la han padecido.

Vamos a revisar, por supuesto, con detalle la propuesta que ahorita se nos ha presentado; pero aquí mismo con nuestro compañero Romero Tenorio, organizador del foro, hago el compromiso de que hermanemos esfuerzos, de que sumemos voluntades y que estemos pendientes para que logremos tener una pieza o unas piezas legislativas que impacten, no solamente que tenga en cuenta la Ley General, sino como ahorita se ha señalado, los demás ordenamientos legales que se deriven como necesarios de hacer algunas reformas, se mencionaba el tema del Seguro Social, lo del Infonavit, por ejemplo entre otros, que trabajemos en esta dimensión integral del problema.

Este es el compromiso que yo quiero asumir aquí directamente y, en lo que me corresponda, estaré como Presidente de la Mesa Directiva, exigiendo que las comisiones trabajen no solamente hacer este llamado público aquí, sino también de estar pendiente de que las comisiones que tienen bajo su responsabilidad el dictaminar y hacer las piezas legislativas que son necesarias, que lo hagamos en verdad.

Muchas gracias.