El diputado Carlos Reyes Gámiz aseveró que la transparencia será indispensable en los procedimientos de geolocalización de teléfonos celulares, a fin de evitar abusos de autoridad y violaciones a garantías individuales.

El vocero del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, sostuvo que la clarificación de todo el proceso que realizará el Ministerio Público es necesaria para no trastocar el derecho a la privacidad.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara la facultad de las procuradurías para rastrear en tiempo real teléfonos celulares relacionados con delitos graves, sin orden judicial previa, advirtió sobre la responsabilidad que implica esta medida.

Reyes Gámiz reconoció que si bien el uso de un adelanto tecnológico puede servir al Ministerio Público como herramienta en la persecución de los delitos, es obligación del Estado garantizar el debido proceso de las indagatorias ministeriales.

Ante ello, anunció que en breve presentará un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades involucradas a transparentar al máximo los procedimientos que se seguirán, y otorgar así garantías plenas a la ciudadanía de que no habrá abusos.

La SCJN declaró la constitucionalidad del artículo 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales, vigente desde 2012, que faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) para ordenar a las concesionarias de telecomunicaciones la geolocalización de los dispositivos en caso de delitos como secuestro, extorsión y amenazas.

Así, el Ministerio Público tendrá que detallar por escrito los motivos para solicitar la localización, que será sólo en casos urgentes, y deberá conservarse el documento para revisión en el eventual juicio contra los responsables. ys/m.