La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, información sobre la especialización del personal que investiga, persigue y atiende a niñas y mujeres víctimas del delito.
En un punto de acuerdo propuesto por la diputada panista Leslie Pantoja y avalado por el pleno, legisladores pidieron información sobre el cumplimiento de las garantías en la investigación, persecución y sanción de los crímenes contra ese sector de la población, uno de los objetivos de la reforma en la materia en 2012.
En el documento reconocieron que se ha avanzado en la atención y erradicación de la violencia contra el género, sobre todo luego de las modificaciones al Código Penal Federal y las leyes General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Orgánica de la Administración Pública Federal y Orgánica de la PGR.
No obstante, aseveraron que el tema no ha sido atendido de fondo pues se han generado sistemas para prevenir y erradicar la violencia contra ellas, pero no se les ha dado cumplimiento cabal.
"Se ha notado la evolución en el desarrollo de normas que definan y regulen las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos", agregaron, aunque faltan muchos rubros por atender de manera concreta como las faltas de servidores públicos en atención de crímenes cometidos contra las mujeres en materia de feminicidio.
Expusieron que aun cuando hay leyes claras en las que se insta a las instituciones a aplicar programas de estudios para la especialización de servidores públicos responsables de esa labor no se ha tenido claridad de las actividades que se están llevando a cabo para que efectivamente se les dé cumplimiento.
La ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir, señalaron.
Como prueba de ello citaron los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la responsabilidad del Estado por incumplimiento de su deber de garantizar el derecho al acceso a la justicia de las mujeres, como en el caso conocido como Campo Algodonero.
Los legisladores plantearon que esas resoluciones han puesto en evidencia que las conductas dolosas de jueces, policías y fiscales impiden una investigación eficiente de los delitos. /gh/m