La legislación secundaria en telecomunicaciones debe apegarse de manera puntual al espíritu de la reforma constitucional, a fin de mantener el impulso transformador en beneficio de la sociedad, señaló la coordinadora de Nueva Alianza en San Lázaro, María Sanjuana Cerda Franco.

Igualmente, añadió, se debe garantizar que la nueva cadena de televisión estatal cuente con autonomía de decisión, independencia y una política editorial imparcial y objetiva.

La integrante de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados señaló que el espectro radioeléctrico es un bien del dominio de la nación que debe ser administrado con sentido social, criterios de sana competencia e inclusión.

La legisladora advirtió que la falta de definición en la legislación secundaria en cuanto al concepto de servicio público de interés general, así como sus alcances e implicaciones, podría debilitar el sentido social de la reforma constitucional.

Resaltó que los contenidos de televisión, radio e Internet deben apegarse a principios de tolerancia, inclusión y no discriminación, de tal manera que ofrezcan al público mensajes que reflejen, con respeto y objetividad, la pluralidad, diversidad, el valor y la complejidad de la realidad social.

Nueva Alianza, sostuvo, se ha manifestado siempre por el respeto irrestricto a la libertad de expresión y por el derecho al libre acceso informativo.

Por ello, aseguró, “vigilaremos que cualquier restricción se presente como última instancia y que esté dictada por una autoridad judicial, sin violentar derechos humanos”.

Respecto a la reforma a la Ley de Amparo, que establece que las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre multas y desincorporación de activos serán objeto de suspensión, resaltó que la Constitución no lo establece de forma expresa.

Ello significa, opinó, que las multas y la desincorporación de activos que ordene el órgano regulador no procederán hasta que se resuelvan los juicios de amparo que pudieran interponerse.

Es fundamental que el IFT tenga todo el sustento legal e institucional para regular de forma efectiva los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, consideró.

Con ello será posible administrar racionalmente el espectro radioeléctrico, a fin de establecer condiciones de competencia efectiva y determinar las sanciones necesarias para cumplir sus objetivos, agregó. agb/m