El diputado federal Julio César Moreno Rivera destacó la participación de los jóvenes a través de las redes sociales en temas sobre democracia, pues ha impedido la aprobación de reformas que no benefician a la sociedad.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados recordó que cuando se aprobó la reforma político-electoral se agregó un dictamen a la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los magistrados recibieran un bono vitalicio.

Sin embargo, a diferencia de antaño, "llovieron cuestionamientos en las redes sociales de por qué recibirían una pensión vitalicia cuando muchos mexicanos tienen una pensión menor a dos mil pesos".

En el foro "Ensayos y propuestas de reformas constitucionales", Moreno Rivera recordó a estudiantes de Derecho la aprobación de reformas estructurales en telecomunicaciones y educación, el seguro universal de adultos mayores y de desempleo, así como la de competitividad y gratuidad de la primera acta de nacimiento.

Sobre la democracia participativa, el legislador perredista explicó que ahora se reconocen diversas figuras de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana y la consulta popular.

Otro tema de interés de los participantes, dijo, es la educación superior, que aún no es reconocida como obligatoria, así como la competitividad entre ellos, por la actual situación económica del país.

Respecto a los derechos humanos, el diputado federal hizo notar los tratados internacionales suscritos por México en el tema y la reforma a la figura del amparo, que se robusteció al ampliarse la procedencia de ese juicio, respecto de cualquier norma general.

En su oportunidad Mireille Roccatti, abogada general de la Secretaría de Agricultura, explicó que "a partir de la reforma que elevó a nivel constitucional los tratados internacionales en derechos humanos se cambió el paradigma para interpretar todas nuestras normas".

Dijo que eso es favorable, pues los tratados son más incluyentes que muchos de los derechos contenidos en la Carta Magna. "México ha suscrito todos, usualmente es de los primeros países en firmarlos".

Rocatti Velázquez destacó que gracias a ese cambio las políticas públicas, los programas, la administración pública y las autoridades están obligados a difundir, proteger y reparar las violaciones a esas garantías.

En tanto la investigadora Xóchitl Garmendia Cedillo comentó que antes de la reforma constitucional había un gran rezago en la atención a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), lo que genera repercusiones económicas y que se dejen de celebrar tratados comerciales con los países que los incumplen.

La especialista del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias comentó que el Ministerio Público es el lugar donde voluntaria e involuntariamente se violan los derechos humanos.

"No dan la atención correcta al acusado y se presentan irregularidades en el proceso. Por ello con el cambio constitucional se garantiza un trato adecuado de la autoridad", subrayó en su ponencia "Derechos Humanos y Garantías Constitucionales".

Empero, señaló, pese a ese avance en la legislación se requiere de la participación de la sociedad civil para que los organismos funcionen correctamente y con pleno respeto de las garantías constitucionales.

Mientras tanto Ana Valeria Portillo Delgado, de la Universidad de Colima, afirmó que el cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado mexicano arrojaría grandes beneficios a nivel nacional e internacional.

Expuso que, en primera instancia, "si nosotros como país empezamos a cambiar la forma de actuar y procuramos que se cumpla cabalmente lo que dice la Constitución, social, política y culturalmente México va a dejar de ser el país de la impunidad".

En segundo término, añadió, "dar seriedad a los derechos humanos hará que la comunidad internacional voltee a ver a México como nación ‘modelo a seguir', donde se respetan y procuran las garantías individuales y se reparan los daños cuando las autoridades las violan".

Portillo Delgado también detalló la conveniencia de hacer comparecer ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Senado a los funcionarios que incumplan las recomendaciones de la CNDH, para fundamentar sus motivos y determinar si son justificables./arm/m