La diputada Lourdes Amaya Reyes exhortó a los Poderes de la Unión a trabajar en conjunto para hacer realidad la reforma constitucional en derechos humanos, pues a tres años de la entrada en vigor de esta modificación en los hechos no se cumple.

Recordó que la reforma constitucional a 11 artículos, publicada el 10 de junio de 2011, se distingue por colocar en el centro de atención del Estado mexicano la protección, defensa, respeto y garantía irrestricta a los derechos humanos, por lo que a nivel jurídico constituye un nuevo paradigma para el propio Estado.

Sin embargo, dijo, en la realidad las personas aún son discriminadas e incluso asesinadas por su identidad sexo-genérico y los derechos de las mujeres dan pasos atrás por miradas conservadoras.

También periodistas y defensores de derechos humanos enfrentan, como en pocos países, hostigamiento, torturas, ataques y asesinatos por su profesión, y la educación y la salud están lejos de ser universales y de calidad.

Estas violaciones a las garantías individuales, alertó, derivan del contexto de desigualdad, inseguridad, injusticia y corrupción existente en el país, y dista mucho de ser transformado en el corto plazo.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseveró que, no obstante, los mexicanos demandan soluciones de fondo que garanticen la integridad y seguridad de todos y todas, sin importar profesión o intereses.

Reconoció el esfuerzo de los distintos poderes de la Unión para responder a esas expectativas, para empezar a través del Diagnóstico sobre la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011.

“Este ejercicio de evaluación representa, indudablemente, un trabajo de articulación gubernamental sin precedentes. No podemos olvidar que el compromiso político en todos los niveles de gobierno es fundamental para poder avanzar en un cambio sustantivo en la vida de todas y todos los mexicanos”, señaló.

Amaya Reyes también admitió la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sin embargo lamentó que organismos como éstos enfrenten crisis institucionales, poca transparencia e insuficiencia presupuestal para el cumplimiento de sus labores y su objetivo legal.

De ese modo, añadió, en los hechos no pueden garantizar la integridad de las personas comprometidas con los derechos humanos y el ejercicio periodístico.

“Sumemos esfuerzos para materializar la reforma constitucional en materia de derechos humanos, para que desde el ámbito de nuestras facultades sea una realidad por las mexicanas y los mexicanos, y se garanticen efectivamente los derechos y las libertades públicas”.