El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Manuel Huerta, lanzó un nuevo llamado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a que agilice el desahogo de su propuesta para crear una comisión especial de seguimiento a la aplicación de la Ley General de Víctimas, a fin de que los afectados por desapariciones forzadas y secuestro cuenten con el apoyo necesario.

El secretario de la Comisión de Gobernación de San Lázaro, recordó que tras presentar un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso, ésta decidió turnar el asunto para su análisis, a la Junta de Coordinación Política, instancia que tiene previsto reunirse este miércoles 2 de julio.

Huerta Ladrón de Guevara insistió en que es necesario crear una comisión especial en la Cámara, que esté al tanto de la aplicación de la Ley General de Víctimas, en vista de que se trata de un ordenamiento jurídico limitado que no ha podido dar respuesta a las demandas de la sociedad.

Expuso que la ley de víctimas incluye medidas para atender a los afectados, reparar el daño, que cuenten con apoyo de los tres niveles de gobierno, pero esto no es suficiente, pues en los hechos, se desconoce cuántos desaparecidos existen en el país, qué esfuerzos concretos se realizan para buscarlos o localizar sus cuerpos y cómo se reparará el daño.

Recalcó que los líderes parlamentarios, agrupados en la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, deberían mostrar mayor sensibilidad sobre el tema de derechos humanos, y respaldar con acciones legislativas, el esfuerzo de organizaciones sociales para reconstruir el tejido social y atender a las víctimas de la violencia, en puntos del país donde la operación del crimen organizado y la omisión de las autoridades locales, son cosa de todos los días.

Pidió que el Legislativo contribuya a afianzar la gobernabilidad den el país y a proteger, desde su ámbito de acción, a los mexicanos que a diario ven afectados sus derechos humanos.

Aprovechó para criticar la estrategia de seguridad y combate al crimen organizado del anterior gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) y de la actual administración, a las cuales calificó como equivocadas, por mantener a los elementos del Ejército y la Marina Armada en las calles, sin que existan instrumentos realmente eficaces para proteger los derechos de la población.

Asimismo, lamentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tampoco asuma un papel proactivo y de defensa de las víctimas de la violencia en el país.

Advirtió que en regiones del país, como Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y muchos otros estados, se vive un “estado de emergencia” y de crisis en derechos humanos, provocados por la abierta actuación de la delincuencia organizada y la falta de capacidad institucional para hacer frente a ese flagelo.

“Esto ha generado un grave incremento en las cifras de secuestro, levantones, desaparición forzada de ciudadanos y ejecución de personas”, en distintos puntos del territorio nacional, recriminó. ys/m.