La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, para dar seguimiento al derrame de tóxicos en ríos de Sonora, entregó a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro su primer informe de trabajo, a fin de que sea integrado a la orden del día de la sesión ordinaria de éste miércoles 17 de septiembre.

El documento de 46 páginas que aparece publicado en la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara, incluye 10 recomendaciones entre las que figura, la solicitud de proceder a la suspensión de actividades y evaluar la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México, por ser responsable del desastre ambiental en la zona.

“Hacer un llamado a la autoridad competente a redoblar las acciones de vigilancia y supervisión de la mina Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., a fin de revisar las violaciones en que ha incurrido la mina y prevenir cualquier otra en el futuro, en materia ambiental, laboral y en general de seguridad industrial, con objeto de proceder a la suspensión de actividades y a la evaluación de la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México”, expone textualmente.

De acuerdo al texto, los congresistas solicitarán crear un Fondo de Desarrollo Regional “solventado” por la empresa, con un capital inicial de 5 mil millones de pesos.

Demandarán sancionar de manera ejemplar a la empresa y las personas que resulten responsables, haciendo valer “el imperio de la ley”.

Exigirán que las autoridades correspondientes redoblen la vigilancia y supervisión sobre la mina Buenavista del Cobre, a fin de valorar las violaciones en que incurrió e impedir cualquier otra “en el futuro”, determinaron.

“Con la información que se nos presentó, la Comisión Especial solicita a las autoridades federales una sanción ejemplar, penal, civil y administrativa en contra de la empresa minera Grupo México y los mandos directivos que resulten responsables”, expusieron.

Manifestaron que conforme a la información disponible, no hay condiciones técnicas, de responsabilidad estricta y conducta preventiva ni de restauración, por lo que el causante del derrame no puede seguir operando y la suspensión de actividades de la mina Buenavista del Cobre debe ser “inmediata”.

Agregaron que Sonora no se ha beneficiado de la explotación de sus recursos, a cargo de empresas mineras como Grupo México y su filial Buenavista del Cobre, mismas que tampoco se han comportado como empresas responsables.

Recordaron que el consorcio gana 4.4 millones de dólares diarios y tiene un historial de incumplimientos legales y trato indebido a sus trabajadores, por lo que debe resarcir las afectaciones provocadas y “detonar el potencial de desarrollo que le ha escamoteado a la entidad”.

Señalaron que el fideicomiso anunciado por el Gobierno Federal, por un monto inicial de 2 mil millones de pesos, debe destinarse a reparar el daño y perjuicio ocasionados a los jornaleros, productores, comerciantes, ganaderos, víctimas del derrame y la población en general.

Recomendaron que dicho mecanismo cuente con un comité técnico especializado que determine objetivos y garantice un manejo transparente de los recursos.

El fideicomiso también debe garantizar a los municipios afectados un abasto suficiente de agua potable para consumo humano, uso doméstico, uso agrícola y ganadero.

Urgieron a que las comisiones ordinarias de la Cámara, presenten a la brevedad un paquete de reformas para fortalecer la función reguladora y sancionadora contra desastres ambientales como el provocado en Sonora, que eleve las sanciones, de facultades al Estado para actuar con “prontitud”, definan un protocolo de actuación en casos de emergencia y en particular, que las penalizaciones sean proporcionales al daño ocasionado, a las ganancias de los responsables y a la reincidencia en ilícitos.

Plantearon que la normatividad señalada, debe establecer la suspensión inmediata de actividades a los infractores, hasta que no se lleven a cabo las investigaciones que permitan deslindar responsabilidades. “Pierde la concesión quien contamina y pone en riesgo los ecosistemas y la vida humana”, enfatizaron.

Aunado a ello, demandaron incluir al municipio de Cananea entre las poblaciones afectadas, brindar servicios de salud oportunos a los habitantes y trabajadores de la zona, que la empresa cumpla con las medidas sanitarias pertinentes para proteger la salud de los pobladores y garantizar acceso a un trabajo digno en la actividad minera, sin discriminación de ningún tipo.

Como conclusiones, refrendaron que desde el inicio, el Grupo México mintió sobre las causas del derrame, permitió que la contaminación se extendiera y no realizó las reparaciones necesarias para remediar el daño.

El tubo roto por el que escaparon los tóxicos no ha sido reparado, se designó a “pocos trabajadores” para tareas de limpieza en el río Sonora y la arena contaminada, se llevó a un espacio abierto a un lado de la minera Buenavista del Cobre, observaron.

“Ante las circunstancias expuestas, se considera que la mina no debe estar en operación, pues no se tiene certeza de dónde se están depositando los desechos tóxicos”, abundaron.

“De acuerdo con toda la información recabada, la Comisión Especial considera indispensable evaluar la suspensión de actividades de la mina Cananea operada por Grupo México, hasta en tanto se determinen con precisión los daños, se garantice el resarcimiento del medioambiente y la indemnización a toda la población afectada”, refirieron.

Añadieron que el Ejecutivo Federal y el gobierno estatal deben asegurarse de que la empresa sean sancionada e indicaron que la Comisión seguirá trabajando para fundamentar sus señalamientos y demandar que la Secretaría de Economía (SE), cancele la concesión.

Consideraron necesario que el Gobierno Federal integre un grupo multidisciplinario que evalúe los daños en la zona y que incluya a las secretarías de Agricultura (SAGARPA) y Desarrollo Social (SEDESOL), para coadyuvar en la valoración del daño. ys/m.