La Cámara de Diputados aprobó, por 339 votos a favor, el dictamen que reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

El documento, derivado de la iniciativa presentada por el diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo (PT), fue avalado por el pleno camaral y turnado a la colegisladora para su análisis y eventual ratificación.

La reforma plantea promover las sociedades cooperativas y demás formas de organización del sector social de la economía, en las reglas que dicte la Secretaría de Economía a las dependencias y entidades sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

También establece que las dependencias y entidades deben incluir a las sociedades cooperativas y demás formas de organización social en el diseño y ejecución de programas de proveedores, para generar cadenas de proveeduría con respecto de bienes y servicios que liciten.

En la actualidad, en ambos casos ya se consideran las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, a las que ahora se sumarían las sociedades cooperativas y demás formas de organización social.

El texto indica que para la expedición de las reglas correspondientes, se determina que la Secretaría de Economía tomará en cuenta la opinión de la Secretaría de la Función Pública y ahora se incorpora también al Instituto Nacional de la Economía Social.

Al hablar en favor de la iniciativa, Benavides Castañeda señaló la necesidad de impulsar a las cooperativas como una alternativa que permite crear fuentes de trabajos formales y permanentes, propiciar la creación de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas formales e impulsar el desarrollo económico del país.

Con ello se estimula la producción y el mercado interno al promover un modelo de organización comunitaria y de corresponsabilidad ciudadana, en el cual se fomenta la cultura de respeto al medio ambiente, la equidad de género y la no discriminación.

Mencionó que las cooperativas impulsan un modelo de desarrollo regional basado en las potencialidades de la población por colonia, barrio y región, con la finalidad de influir en los procesos de generación y distribución equitativa de la riqueza.

Subrayó que desde la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público existe una oportunidad de dar apoyo al sector social de la economía, a través de la promoción de la participación de empresas de este sector en las adquisiciones, arrendamientos y servicios que realice el sector público.

Planteó que el gobierno es el comprador más importante de México, requiere y consume todo tipo de productos o servicios, además de que actualmente, alrededor de 21 por ciento de los montos de gastos erogados por el gobierno tienen como proveedor relacionado a alguna Mipyme.

De ese porcentaje no se desglosa cuántas empresas pertenecen al sector social de la economía, pero se puede deducir que dado que no existe incentivo para crear programas de apoyos a este sector, el porcentaje debe ser muy bajo o prácticamente nulo, planteó el diputado.

Por ello, agregó, en esta iniciativa se propone incluir a este sector y que sea beneficiado con la finalidad de fortalecer los organismos con enfoque social y de esa manera logren un flujo de recursos que les permita capitalizarse y competir en condiciones favorables. /gh/m