Diputados federales pidieron investigar los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias en la Coordinación General de Minería, de la Secretaría de Economía, por las concesiones otorgadas los dos últimos años, que ocasionaron la contaminación de ríos, como ocurrió en los Bacanuchi y Sonora.

En entrevista con Notimex, el legislador de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía, afirmó que la Secretaría de la Función Pública investiga al titular de dicha coordinación, Mario Alfonso Cantú Suárez, luego de las denuncias de que “contrata familiares para los órganos bajo su control”.

Sostuvo que la situación de las mineras en México es muy grave, lo ocurrido en Sonora, donde la minera Cananea contaminó los ríos, puso de manifiesto la total impunidad con que esas empresas actúan en el terreno ecológico y los grandes intereses económicos que hay detrás de ellas.

La minería ha sido el gran negocio para un puñado de personas, hay enorme opacidad en las concesiones y en el modo de operarlas, y un grave tráfico de influencias, lo mismo ocurre con los permisos, muchos de ellos irregulares, subrayó.

Por lo anterior, el coordinador de MC, Ricardo Monreal y el vicecoordinador, Ricardo Mejía, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que el encargado de la Función Pública, Julián Olivas, abra una averiguación contra la Coordinación General de Minería, por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias.

El acuerdo exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría especial, con apoyo técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El propósito es verificar que las reservas certificadas en la actual administración correspondan con la realidad, en especial aquellos casos en los que han sido beneficiarias de apoyos provenientes del Fifomi (Fideicomiso de Fomento Minero).

“A raíz de los acontecimientos relacionados con la fuga de materiales contaminantes de la empresa Cananea, perteneciente al Grupo México, en los ríos Bacanuchi y Sonora, se ha observado la falta de la aplicación normativa y del Estado de Derecho de las autoridades encargadas de otorgar concesiones para explotar minerales en el país”, aseveró Monreal. ys/m.