La fracción del PAN en la Cámara de Diputados anunció la presentación de una iniciativa de reformas constitucionales y secundarias que, entre otros aspectos, prevé revivir la Secretaría de Seguridad Pública y entregar el mando policial a los gobiernos de los estados, dejando a los municipios las tareas de prevención del delito.

El proyecto panista para un nuevo modelo de seguridad pública considera también la profesionalización de los elementos policiacos, acotar el uso de la fuerza del Estado y asegurar el respeto a los derechos humanos, así como crear una unidad especializada en delitos cometidos por los policías.

En vísperas de que el presidente Enrique Peña Nieto anuncie cambios en la política de justicia y seguridad, los legisladores panistas Guillermo Anaya y Marcelo Torres detallaron los cinco ejes de la iniciativa de reformas a los artículos 21, 115 y 116 de la Constitución: competencias claras, policías profesionales, uso democrático de la fuerza, evaluación ciudadana y combate a la corrupción.

Subrayaron la necesidad de retirarle a la Secretaría de Gobernación las facultades y funciones en materia de seguridad pública que el presidente Enrique Peña Nieto le otorgó al comienzo de la actual administración.

Propusieron, en cambio, restablecer la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de alguna persona con la experiencia y el conocimiento para diseñar las políticas públicas en la materia.

De acuerdo con el planteamiento de Acción Nacional, "el mando de las fuerzas preventivas pasa al Estado, pero los presidentes municipales tendrán alta influencia en su funcionamiento, además de que se encargarán de combatir las causas del delito con proximidad social". agb/m