La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados sentenció que 2017 será nuevamente un año peligroso para los periodistas, si el Gobierno Federal sigue sin atender esa problemática.

El diputado Alberto Martínez añadió que el Congreso de la Unión también debe tomar medidas y adecuar el marco legal, a fin de brindar protección real y efectiva a los periodistas que por ejercicio de su labor, se encuentran bajo amenaza.

Martínez Urincho señaló que la labor periodística enfrenta mayores peligros y riesgos cuando se abordan temas asociados al crimen organizado, corrupción e incluso a asuntos político-electorales.

El legislador señaló que hasta el momento, los mecanismos existentes para resguardar la integridad de los comunicadores y colaboradores de medios informativos no han sido eficaces, pues las agresiones e incluso asesinatos van a la alza.

Tras recordar que México es uno de los países no solo a nivel regional sino mundial, más peligros para el periodismo, indicó que en 2012 entró en vigor la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero no ha rendido buenos resultados.

Indicó que en la presente administración, 10 periodistas han sido asesinados; y si esa cifra se suma a los homicidios de comunicadores registrados desde 1992, el número final es de 51 personas.

Indicó que durante la administración del panista Felipe Calderón, 15 periodistas fueron asesinados por ejercer esa labor, aunado a que se reportaron 42 homicidios más sin motivos claros, contra personas asociadas a los medios de comunicación.

Añadió que de acuerdo a la organización “Reporteros Sin Fronteras por la Libertad de Información” de 1994 a la fecha, se tiene registro fehaciente de 89 periodistas asesinados.

Por lo anterior, reiteró que el Congreso debe intervenir de manera decidida y hacer modificaciones a sus leyes internas, a fin de que la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a las agresiones contra periodistas se transforme en una comisión ordinaria y no solo cuente con facultades de emitir dictámenes, sino de proponer cambios en la materia.

“Con una comisión de esta naturaleza, el Poder Legislativo Federal podrá impulsar una legislación que ofrezca mayores garantías de protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos, con lo que la beneficiaria será en última instancia la sociedad”, apuntó. /psg/m.