Con la determinación de devolver a la Comisión de Igualdad de Género el dictamen referente a la obligatoriedad de los ayuntamientos a aplicar la NOM 046 en caso de embarazo por violación, diputadas del Grupo Parlamentario del PRD solicitaron que la Comisión de Salud se incorporara a la discusión del mismo para enriquecer el dictamen “pues el aborto es un tema de salud pública”, señaló la diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género.

“Al comienzo del año legislativo presentamos una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y establecer la obligatoriedad de las instituciones de salud para proceder a la interrupción del embarazo, en los excluyentes de responsabilidad penal, cuando la mujer lo solicite. Esto acorde a las recomendaciones de organismos internacionales como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)”, señaló Contreras Julián.

La legisladora Maricela Contreras Julián remarcó que su iniciativa considera los supuestos en los que se permite el aborto y que ya existen en los códigos penales estatales, tal es el caso de violación, cuando la vida de la mujer está en riesgo y cuando se presenten deformidades fetales graves, por lo que lo único que se busca es que las instituciones de salud pública y su personal médico, respete dichos supuestos y estén comprometidos con el cumplimiento de todas aquellas normas relativas a los servicios de salud reproductiva en general. Para ello, el personal deberá contar con las habilidades técnicas y prácticas para prestar los servicios, además de mostrar respeto por las mujeres que están atendiendo.

“Consideramos que la postergación de este dictamen sólo agrava la situación de muchas mujeres y niñas en el país, pues en el caso de no aplicar la NOM 046, además de ser víctimas de una agresión, no pueden acceder a servicios de salud que busquen salvaguardar su salud física y su vida, quedando desprotegidas en sus derechos más elementales, como el derecho a decidir sobre su cuerpo de manera libre e informada”.

La diputada Maricela Contreras Julián del PRD, citó a la Organización Mundial de la Salud, señalando que según este organismo, cada año se producen 56 millones abortos inseguros y peligrosos en todo el mundo. Por su parte, en México la Organización de las Naciones Unidas estima mil muertes de mujeres a causa de abortos realizados en condiciones antihigiénicas y riesgosas, de las cuales, el Estado Mexicano sólo reconoce 334. “Esta es la realidad que pretenden negar las y los legisladores que no permiten las modificaciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”.

“Es urgente reformar la Ley General de Salud y la LGAMVLV para dar énfasis al respeto de la mujer de decidir, de manera libre e informada, implicando que los prestadores de servicios de salud reconozcan que cada mujer que llega a los servicios de aborto es única y sus necesidades están determinadas por sus circunstancias particulares, tales como edad, estado civil, origen étnico, situación socioeconómica y contexto cultural”, señaló Contreras Julián. /gh/m