La solicitud de desafuero contra el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Silva, allegado al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, debe ser ratificada por la parte acusadora, en este caso la Fiscalía General del Estado, a fin de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados tome cartas en el asunto de manera formal, indicó el presidente de esa instancia, el también priista Ricardo Ramírez.

El legislador señaló que la petición de iniciar juicio de procedencia contra el diputado Silva Ramos, que fuera coordinador general de Comunicación Social durante la gestión de Duarte de Ochoa, será atendida en cuanto las autoridades veracruzanas ratifiquen el procedimiento ante la Secretaría General de San Lázaro.

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Ese organismo deberá notificar a la Mesa Directiva del recinto y también se encargará de turnar el expediente a la Instructora, puntualizó.

Ramírez Nieto indicó que ese trámite no tomará más de tres días, por lo que los integrantes de la Sección Instructora podrían reunirse este mismo viernes 14 de julio o a principios de la semana entrante, para dar por recibido el documento e iniciar formalmente el análisis del desafuero del diputado Silva Ramos.

“La solicitud de juicio de procedencia normalmente cuanto se presenta, la Secretaría General de la Cámara en un término de tres días debe recibir la ratificación de la solicitud. Y hecha la ratificación nos la turnan a nosotros y hasta en tanto no nos la turnen, no estaremos en condiciones de hacer un pronunciamiento en torno a la misma”, dijo.

La petición de retirarle el fuero al diputado Silva, que también ocupó el cargo de secretario de Desarrollo Social en Veracruz durante la administración del ahora ex priista y preso en Guatemala, está asociada a las indagatorias a las que se le vincula por el presunto desvío de recursos públicos a “empresas fantasma”.

Los delitos que se le imputan al congresista federal, señaló la Fiscalía local en un comunicado, son el abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y “coalición”, al realizar pagos a distintos medios de comunicación sin reportarlo al Congreso del Estado y sin que estuvieran debidamente presupuestados.

Puntualizó que los pagos irregulares hechos en 2014, ascienden a mil 459 millones de pesos en 2014; y en 2016 a 108 millones 721 mil pesos, lo que en total supera los mil 567 millones de pesos.

El recurso se presenta en la víspera de la extradición del ex gobernador de Veracruz, quien fuera capturado en abril pasado en Guatemala, donde se resguardó para evitar du detención.

El primer caso de desafuero contra un ex colaborador de Javier Duarte, es el del también diputado federal Antonio Tarek Abdala, señalado por la Fiscalía de Veracruz por el supuesto desvío de más de 23 mil millones de pesos del estado, cuando fungió como tesorero local.

Ese juicio de procedencia quedó inconcluso, luego de que el congresista presentara al menos un amparo, el cual fue aceptado por la juez federal Patricia Marcela Díaz Cerda, responsable del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México, la cual resolvió que antes de proceder en su contra, el congresista debe ser notificado claramente de todos los procesos que se le siguen y tener acceso a la defensa. bmj/m