Sergio Perdomo, reportero: Mediante un punto de acuerdo inscrito en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada del GPPRD, María Cristina García Bravo, demandó exhortar al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que incremente las medidas de seguridad de los internos y se prevenga la corrupción, el autogobierno y la violencia que impera dentro de los centros penitenciarios del país.

También exhortó al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en coordinación con sus homólogos de los estados, a realizar las investigaciones e inspecciones pertinentes en los centros de readaptación social de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Topo Chico, Nuevo León y Las Cruces en Acapulco, Guerrero, a fin de determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos y garantizar la seguridad e integridad de los internos y mejorar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad.

Dijo que la problemática actual de las cárceles en el país ha sido un reto importante para el Estado Mexicano y para el sistema de justicia penal, porque incumple con su objetivo primordial: la reinserción social de las y los sentenciados.

Recordó que según la recomendación general No. 30/2017 sobre Condiciones de Autogobierno y/o Cogobierno en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual fue publicada el día 22 de mayo del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación, la población penitenciaria de los 375 centros penitenciarios del país, estaba compuesta por 216 mil 831 personas privadas de la libertad, distribuidas en 278 establecimientos estatales, 17 federales, 13 que dependen del gobierno de la Ciudad de México y 67 municipales.

En ese sentido, añadió, resulta relevante señalar que de acuerdo a ese reporte la capacidad instalada total es para 212 mil 144 personas por lo que existe una sobrepoblación relativa de 4 mil 687 personas.

“La falta de personal capacitado, carencia de recursos económicos, hacinamiento, sobrepoblación, la nula o inadecuada atención médica, corrupción, falta de privacidad, ausencia de oportunidades para obtener un ingreso que les permita mantener a sus familias y ausencia de programas específicos para lograr la readaptación social, entre otros problemas que enfrentan las cárceles del país, lo cual pone de manifiesto la violación flagrante de la eficacia de los derechos humanos consignados en el artículo 18 Constitucional”, añadió.

La legisladora García Bravo indicó que en la mayoría de las prisiones del país no existen zonas o áreas específicas para recluir a delincuentes de alta peligrosidad separados de los que enfrentan penas por delitos menores. La población penitenciaria, en casi todos los casos, está mezclada de manera irresponsable: narcos con defraudadores, homicidas con rateros, secuestradores, extorsionadores y violadores conviven con reos de baja peligrosidad.

A pesar de este nivel de corrupción y autogobierno que impera en las cárceles del todo el país, el gobierno federal permanece omiso para crear acciones o políticas públicas para frenar esta problemática, precisó. dlp/m